Con un crecimiento vertiginoso de las actividades digitales, la conectividad es sencillamente vital para nuestra sociedad, nuestra economía y, en definitiva, nuestra vida cotidiana. El tráfico de datos, que aumenta hasta un 50% anualmente, es el factor determinante del tamaño y la capacidad de nuestras redes.
Los operadores de telecomunicaciones han invertido masivamente en la mejora de sus infraestructuras de red y en el aumento de su capacidad y, gracias a ello, las comunicaciones e Internet han continuado durante la crisis de la COVID-19 en Europa, a pesar del aumento de los picos de tráfico fijo y móvil. La inversión continua es fundamental para garantizar el acceso y la participación sin restricciones de los ciudadanos en nuestra sociedad digital.
Pero la situación actual no es sostenible. La carga de la inversión debe repartirse de forma más proporcionada. En la actualidad, el streaming de vídeo, los videojuegos y las redes sociales originados por unas pocas plataformas de contenidos digitales representan más del 70% de todo el tráfico que circula por las redes[1]. Las plataformas digitales se benefician de modelos de negocio «hiperescalables» a bajo coste mientras los operadores de red asumen las inversiones necesarias en conectividad. Al mismo tiempo, nuestros mercados minoristas están en perpetuo declive en términos de rentabilidad.
Tal como están las cosas, los operadores de red no están en condiciones de negociar condiciones justas con estas gigantescas plataformas debido a su fuerte posición en el mercado, su poder de negociación asimétrico y la falta de igualdad de condiciones reglamentarias.
En consecuencia, no podemos rentabilizar nuestras cuantiosas inversiones, lo que pone en riesgo el desarrollo de nuevas infraestructuras.
Con las grandes plataformas de contenidos digitales presionando continuamente por una mayor calidad de streaming, el cambio de ritmo en el tráfico de datos que estamos experimentando aumentará constantemente sin límites. Si no solucionamos esta situación de desequilibrio, Europa se quedará atrás con respecto a otras regiones del mundo, lo que en última instancia degradará la calidad de la experiencia de todos los consumidores.
Hay señales de cambio en otras partes del mundo. Corea del Sur está debatiendo una ley nacional para crear condiciones de regulación que permitan una contribución más justa a los costes de la red. Esto es consecuencia de los litigios en curso tras el aumento del tráfico impulsado por la serie «El juego del calamar». Y en Estados Unidos, los responsables políticos están avanzando hacia un servicio universal también financiado por las plataformas digitales.
Estas inversiones compartidas también son vitales para acelerar la conectividad verde y las tecnologías digitales que contribuyen a unas economías más sostenibles e impulsan la eficiencia, lo que refuerza el liderazgo verde internacional de Europa y el impulso del empleo verde. A falta de un «precio» por los datos emitidos, el incentivo para que los grandes proveedores de contenidos optimicen su tráfico de datos seguirá siendo escaso.
Celebramos el reciente compromiso de la Comisión Europea[2] de desarrollar marcos adecuados para que «todos los agentes del mercado que se benefician de la transformación digital (…) contribuyan de forma justa y proporcionada a los costes de los bienes, servicios e infraestructuras públicos». Ahora, pedimos urgentemente a los legisladores que introduzcan normas a nivel europeo para hacer realidad este principio.
El tiempo apremia, sobre todo teniendo en cuenta las enormes inversiones que aún se necesitan para alcanzar los objetivos de conectividad para 2030 fijados por la Comisión Europea en su Comunicación sobre la Década Digital Europea. Sin una solución equitativa, no lo conseguiremos.
[1] Informe sobre los fenómenos mundiales de Internet de Sandvine, enero de 2022
[2] Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, COM (2022) 28 final, 26/01/22
