La digitalización está detrás del aumento de este tipo de inversiones, ya que ha facilitado el acercamiento a las Fintech, en especial a aquellos servicios relacionados con estas monedas digitales y con los medios de pago. Casi 4,4 millones de españoles han invertido en criptomonedas a pesar del desconocimiento sobre la fiscalidad, la supervisión, y sobre todo a los riesgos que conllevan. Así lo señala Asufin en su ‘III Informe sobre conocimiento y hábitos de fintech’. La Asociación de Usuarios Financieros de España ha incorporado por primera vez a su informe un apartado dedicado a la inversión en monedas virtuales, en el que resalta que casi el 71% ha invertido más de 1.000 euros, y más de una cuarta parte de los inversores superan los 6.000 euros, a pesar de que solo el 59% son conscientes de los peligros que conllevan este tipo de inversiones.
Los responsables del estudio subrayan especialmente, por un lado, el conocimiento de las plataformas en las que invierten, ya que casi un 70% de ellos cree que están supervisadas por alguna entidad monetaria oficial como el Banco de España, el Banco Central Europeo o la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV), frente al 21% que lo desconocen. Por otro lado, existe un gran desconocimiento sobre las implicaciones fiscales de estos activos, ya que estos usuarios creen que están exentos de pagar impuestos por las ganancias en este tipo de inversiones o directamente lo desconocen en un 41% y un 28% respectivamente.
Por último, la Asociación recalca en su estudio que no existe una regulación sobre los prestadores de servicios de criptoactivos, lo que dificulta su control ya que rebasan las competencias de los organismos oficiales de supervisión. No hay que olvidar que las criptomonedas son un medio de intercambio digital, y que no existen físicamente y que en la actualidad no están controladas por ningún organismo oficial, y tampoco tienen una consideración de medio de pago oficial, con una única excepción: el pasado mes de septiembre de 2021 el gobierno de El Salvador decidió incluir el Bitcoin como moneda de curso legal en el país.
Mayor popularidad, mayor riesgo
Según explica Banco Santander, estos activos descentralizados se basan en Blockchain para el control de estas transacciones virtuales, ya que esta tecnología no permite cambios en sus registros ni tampoco borrarlos, además para revertir una transacción es necesario realizar la contraria. Sin embargo, aunque la digitalización ha traído una generalización del uso de la tecnología acompañada de un conocimiento de la misma, no sucede lo mismo sobre el conocimiento de estos activos virtuales.
Además de la alta volatilidad de las criptos, estas son cada vez más utilizadas por los ciberdelincuentes, tanto que en 2021 se movieron unos 14.000 millones de dólares entre robos y estafas. Una vez más, un año de récord si se comparan con los 7.800 millones registrados en 2020, (es decir un crecimiento nada desdeñable de un 79%), y por encima del anterior récord de 2019 y 11.700 millones.
Así, según un informe elaborado por la plataforma Chainanalysis, estas criptodivisas han servido para realizar estafas, robo de fondos y financiación de actividades terroristas. En primer lugar, las estafas llegaron a mover 7.800 millones de dólares, mientras que los robos alcanzaron los 3.200 millones, lo que ha significado unos incrementos de un 82% y un 516% respectivamente frente a los movimientos ilícitos realizados en 2020. Uno de los fraudes más conocidos fue, según comenta la plataforma, un proyecto que aprovechó el éxito de la serie “El juego del calamar” y que consiguió atraer una inversión cerca de tres millones de dólares en total, haciéndolo pasar por un proyecto legítimo, antes de que los delincuentes hicieran desaparecer todo ese dinero.
Un problema que no es nuevo
La relación entre las criptomonedas y los ciberdelincuentes no es nueva. Tanto es así que ya en 2017 en España la fiscalía de delitos informáticos planteaba la necesidad de realizar reformas legales que mejorasen la persecución de este tipo de delitos y aquellos relacionados con la suplantación de identidad en la red. Una de las cuestiones sobre las que se discutía en aquel momento era qué hacer con aquellas criptomonedas incautadas, proponiendo trasladar ese dinero virtual a monedas de curso legal para consignarlas o hacer monederos digitales.
En este sentido la Interpol presta su apoyo a los países miembros de diferentes maneras para hacer frente a aquellos casos relacionados con la red oscura y las criptomonedas, colaborando con tanto con el sector privado como con instituciones académicas para poner a disposición de las fuerzas del orden de todo el mundo la información más relevante y reciente relativa a este fenómeno. La organización intergubernamental ha participado en el desarrollo de una herramienta de análisis de cadenas de bloques llamada GraphSense y que permite rastrear las transacciones realizadas con criptomonedas, es decir, los investigadores pueden seguir el rastro del dinero virtual, ya que les permite buscar direcciones, etiquetas y transacciones de criptomonedas con las que identificar los clústeres en torno a una dirección.
