Director of Public Policy and Internet at Telefónica
Es hora de abrir un debate político y público sobre cómo preparar a las democracias y sociedades para un futuro digital que garantice niveles adecuados de igualdad y bienestar social.
La digitalización es el motor principal del cambio social y económico del siglo XXI. La combinación de varios factores como la banda ancha y la conectividad a Internet, el alcance de tecnologías nuevas como la Inteligencia Artificial (IA), blockchain o el Internet de las Cosas, así como la penetración cada vez más alta de smartphones en las sociedades, está creando un nuevo paradigma social que cambia nuestras vidas a una velocidad nunca vista.
No es sorprendente que ante cambios tan rápidos aún no se haya generado una respuesta política que dé solución a retos complejos. Aun así, llama la atención la falta de debate político y público sobre cómo deberíamos preparar nuestras democracias y sociedades para un futuro digital en el que se mantengan niveles adecuados de igualdad y bienestar social. Estamos, por tanto, en un momento de enormes desafíos, pero también de grandes oportunidades.
Sabemos por experiencia histórica que cada vez que se produce una revolución tecnológica, las bases de la convivencia en común se ponen en cuestión. Los derechos y obligaciones que contraemos para vivir en sociedad no son inmunes a los cambios, al contrario, se adaptan a la realidad. En el cambio de la sociedad agrícola a una industrializada hizo falta crear un sistema de educación pública para todos y el desarrollo de derechos para trabajadores y consumidores.
Una nueva época digital requerirá la renovación de nuestras instituciones sociales, económicas y democráticas, así como una colaboración más estrecha y abierta entre los sectores público y privado. Necesitamos un nuevo contrato social que defina las fronteras de esta nueva era digital y sea capaz de sortear la incertidumbre asociada a los retos que se presentan.
Las personas han de estar en el centro de los cambios y se ha de promover una comprensión colectiva de cómo la digitalización puede hacerse de forma sostenible y responsable, mejorando la equidad y garantizando la no discriminación, la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas, así como ampliando la capacidad de elección del individuo.
Las sociedades deberían definir un Nuevo Pacto Digital (New Digital Deal) que promueva una comprensión colectiva de cómo la digitalización puede hacerse de forma sostenible, justa e inclusiva. Esto va a requerir un debate público y político sobre cómo afrontar el cambio digital en varias facetas.
Primero, hay que asegurar que nadie se queda atrás en el proceso de digitalización. La mitad de la población mundial, principalmente en los países en desarrollo, todavía no está conectada, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en su último informe de 2017, y ello implica que muchas personas podrían quedar excluidas de los beneficios de la digitalización, tanto desde el punto de vista individual como colectivo.
Dado que la conectividad es la base de la digitalización, los sectores público y privado han de trabajar mano a mano para conectarnos a todos. Necesitamos del sector privado más innovación en el desarrollo, operación y comercialización de las redes de conectividad; y del sector publico, las políticas y regulaciones adecuadas para atraer inversiones privadas y aumentar el uso de Internet y servicios digitales.
Este progreso también podría generar nuevas formas de desigualdad que requerirán la aplicación de políticas públicas para la integración y adaptación de algunas partes de nuestra sociedad. El cambio digital también generará grupos de personas que necesitarán más tiempo y ayuda para adaptarse. Esto significa que la transformación digital debe ir acompañada de políticas sociales y educativas para apoyar a las personas en el cambio profundo que trae la digitalización.
Segundo, hay que promover un enfoque nuevo en la responsabilidad de las empresas basado en los valores y la ética existentes. Las empresas deben centrarse en las personas, estar guiadas por valores y contribuir de manera adecuada a las sociedades para que la digitalización sea sostenible. Ante todo, hace falta una nueva ética de datos. Un modelo centrado en las personas debería posibilitar que cada individuo decida cómo y cuándo se utilizan sus datos. Estos son un recurso muy valioso para la sociedad, y las personas necesitan sentirse cómodas con el uso que se hace de los mismos. Además, las empresas tecnológicas deberían asegurar un uso ético de la IA y los algoritmos. Cualquier discriminación injustificada o empleo anticompetitivo puede generar barreras para la aceptación de estas tecnologías. Desde su mismo diseño, deben responder a criterios éticos y rendir cuentas sobre su capacidad para respetar los derechos de las personas. Las decisiones tomadas sobre las personas por sistemas de IA y algoritmos tienen que ser auditables y responsables.
Tercero, hay que modernizar nuestras políticas e instituciones para el mundo digital y establecer las bases de una Carta de Derechos Digitales que proteja los fundamentales. Esta Carta debe servir para abordar en un debate público, los problemas relacionados con las libertades constitucionales en la era de la digitalización. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a la educación, a la información, a la identidad digital, así como a la privacidad y la protección de datos.
Además, es esencial un cambio de paradigma en la concepción tradicional de la elaboración de las políticas públicas y los marcos regulatorios. Teniendo en cuenta la naturaleza global de Internet, es necesario alcanzar acuerdos globales o regionales y establecer una interoperabilidad jurídica, un marco que permita que las distintas normas nacionales sean compatibles y, al mismo tiempo, capaces de proteger a las personas.
Aunque los Estados siguen siendo los actores principales en el escenario internacional, los retos digitales exigen un mayor diálogo con las empresas y el sector privado. Es cada vez más obvio que los gobiernos, por sí solos, tienen problemas a la hora de afrontar un fenómeno tan transversal, complejo, rápido y global. Ya han surgido diversas iniciativas que procuran crear estándares y normativas de alcance mundial entre Estados y actores privados. Este es el caso, por ejemplo, de la red global Internet and Jurisdiction Policy Network, una plataforma multistakeholder (de múltiples partes interesadas) que facilita el establecimiento de un proceso para promover la interoperabilidad jurídica, así como garantías procesales entre diferentes países.
En el campo de la ciberseguridad también se están impulsando acuerdos de naturaleza global, como el primer Convenio sobre Ciberdelincuencia, conocido como Convenio de Budapest, firmado en 2001 y que desde entonces ha impulsado la cooperación para fomentar una política penal común.
Pero es especialmente en el ámbito de la fiscalidad y el uso y protección de datos donde falta una actualización de las normas y procesos. Los gobiernos deben repensar las arquitecturas fiscales para garantizar un tratamiento fiscal justo y equitativo en el ámbito de los servicios digitales. Se trata de lograr un Level Playing Field (terreno de juego en condiciones de igualdad) en el marco fiscal que no solo garantice un tratamiento justo de empresas tradicionales y digitales, sino que también asegure la sostenibilidad de servicios públicos como la educación y las políticas sociales ante los retos y fracturas que genera la digitalización. La OCDE, a petición del G20, ha desarrollado propuestas sobre cómo lograr un sistema mejorado en su proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), pero hace falta implementarlas en acuerdos y en la práctica fiscal.
A su vez, los datos se han convertido en un gran activo competitivo. Los servicios digitales se pagan muchas veces no con dinero, sino con datos y así deben ser considerados por las autoridades de competencia en la supervisión de los mercados. Esto es un ejemplo de cómo la supervisión de mercados tiene que modernizarse para poder defender una competencia justa en mercados digitales cada vez más específicos y dominados por pocas plataformas globales. En general, dada la creciente convergencia de los mercados, la legislación y supervisión de estos debe enfocarse en la regulación de actividades (“el qué”), en lugar de una regulación de entidades (“el quién”), aplicando por tanto el principio de mismo servicio, mismas reglas.
Así, la regulación debe impulsar la innovación y dejar espacio a la experimentación para los actores del mercado, pero pudiendo actuar rápidamente si fuera necesario. Aquí conceptos regulatorios nuevos como Sandbox pueden ser útiles, en la medida en que ayudan a las empresas a contrastar tecnologías y modelos nuevos de negocio en un entorno seguro de pruebas, sin tener que hacer frente desde el principio a toda la carga regulatoria asociada a esta actividad.
En conclusión, se requiere un nuevo paradigma basado en la rendición de cuentas, la transparencia y la autorregulación del sector privado, junto con un enfoque más adaptado al entorno digital de las políticas públicas y de la supervisión de los mercados. De este modo, la cooperación internacional y la colaboración público-privada se erigen como soluciones efectivas para responder a los desafíos que se presentan, dada la naturaleza global de Internet y de los servicios digitales.
Una hoja de ruta debería incluir una Carta de Derechos Digitales que proteja nuestros valores y garantice los derechos fundamentales en la era digital, para lograr que la digitalización sea sostenible, justa e inclusiva. Necesitamos un debate público y político que nos lleve a definir un Nuevo Pacto Digital para apoyar a nuestras sociedades y a las personas en la transformación hacia un mundo digital y automatizado.
> Originalmente publicado en https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/una-digitalizacion-sostenible-inclusiva-justa/
