En el post anterior, iniciamos una serie titulada UE 2024-2029: Impulsando la competitividad donde analizamos la visión de Telefónica sobre cómo fortalecer la competitividad y posicionar mejor a la sociedad y la economía de la Unión Europea (UE) en el escenario global. Esta serie coincide con el inicio del ciclo institucional que se extiende desde el 2024 al 2029 tras las elecciones al Parlamento Europeo. Sin duda, la competitividad será la prioridad central que guiará las próximas iniciativas políticas y legislativas de la UE en este periodo.
En este segundo post, analizamos la estrategia de competitividad que Telefónica considera clave y que articula en cuatro ejes, siendo el primero el objeto de este post y de crucial relevancia para el éxito del resto de los ejes: la creación de un entorno regulatorio que permita a las empresas europeas crecer y competir.
¿Tsunami regulatorio y complejidad normativa?
En el sector privado europeo, existe una percepción general de que en la última década se ha producido un “tsunami regulatorio” convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para su competitividad. Esta percepción es respaldada por el 86% de los miembros de la European Round Table (ERT), quienes sostienen que un entorno normativo complejo, de difícil comprensión e inconsistente, está socavando la competitividad de sus empresas.
To change this, we urge the next EC and EP to put the business case for EU industry and its competitiveness at the core of its actions. We need a clear and meaningful commitment that policymakers are determined to tackle this challenge head-on
Parece existir una percepción errónea por parte de los responsables políticos de que la producción regulatoria o convertirse en el prescriptor mundial de la regulación, el llamado “efecto Bruselas”, otorga una ventaja competitiva a las empresas europeas.
Sin embargo, el exceso de la complejidad normativa se traduce en barreras administrativas, legales y políticas que dificultan a las empresas operar con agilidad y tomar decisiones sobre su desarrollo en el mercado local o internacional, repercutiendo negativamente en su inversión e innovación, algo que también constata el sector de las telecomunicaciones.
Así, la existencia de enfoques y normativas, a menudo no alineados o no igualmente interpretados, no solo dificulta la aplicación, sino que genera inseguridad y desigualdad entre los distintos actores, así como también socava el mercado único y obstaculiza la innovación.
Por ejemplo, la normativa sobre ePrivacy que solo se aplica al sector de las telecomunicaciones sigue vigente a pesar de la promulgación de la Ley General de Protección de Datos (RGPD), que estableció un marco de aplicación generalizada a todos los sectores (incluido el de telecomunicaciones). En los ámbitos de la seguridad, la inteligencia artificial y el mercado digital, el número de actos delegados necesarios y la interrelación (interplay) entre reglamentos y unidades de ejecución se multiplica, a menudo de forma incoherente entre ellos.
En Europa las empresas se ven obligadas a estar centradas en el cumplimiento de una regulación compleja, exhaustiva y prescriptiva, con las dificultades y recursos que ello conlleva.
Consecuencias en términos de crecimiento, prosperidad y competitividad
Esta situación se refleja en una brecha de escala de las empresas europeas, ya sea en términos de ingresos, tamaño por número de empleados o alcance geográfico, frente a empresas ubicadas en regiones con marcos normativos más flexibles y favorables para la inversión e innovación que les permite crecer y competir.
En 2022, la capitalización total del mercado en Estados Unidos era 2,5 veces mayor que en Europa, con empresas estadounidenses casi el doble de grandes en escala (por ingresos). Esta brecha refleja que Europa está rezagada en crecimiento económico y prosperidad, lo que impacta en su competitividad futura y en la sostenibilidad de su modelo social y económico.
Esta brecha en escala se extiende también al ámbito de la innovación, en donde, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa (GenAI) promete revolucionar sociedades y economías al aumentar significativamente la productividad y fomentar la innovación a niveles sin precedentes. Sin embargo, la inversión privada en IA generativa en Europa alcanzó 1.700 millones de dólares en 2023, frente a los 23.000 millones en Estados Unidos, según McKinsey Global Institute, poniendo en evidencia la falta de impulso en innovación tecnológica.
La rigidez normativa no solo obstaculiza la capacidad de innovación en campos como la inteligencia artificial (IA), retrasando a Europa frente a competidores como China y Estados Unidos, sino que también aumenta el riesgo de reorientación de inversiones y deslocalización de centros de decisión empresarial. Las empresas, en busca de entornos más favorables y flexibles para sus operaciones, podrían trasladar sus actividades fuera de la UE, lo cual podría impactar negativamente en la capacidad de producción, inversión y autonomía estratégica de la región.
Este riesgo se hizo evidente con la implementación por parte de Estados Unidos de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act), que ofrece beneficios al simplificar y reducir la carga regulatoria, fiscal y administrativa a las empresas. Esta política atrae a empresas de todo el mundo al ofrecer un entorno que promueve la eficiencia, la reducción de costes, y facilita un ambiente más favorable a la inversión y el crecimiento empresarial.
A la posible falta de competitividad derivada de los marcos normativos, se suma el reto de la globalización y la digitalización. Las empresas europeas afrontan el desafío de la pérdida de cuota y competitividad, en particular en el mercado digital, tanto a nivel mundial como en sus mercados locales debido a la competencia de nuevos actores internacionales, algunos de los cuales no están sujetos a las mismas regulaciones que las empresas establecidas.
Políticas Públicas para impulsar un entorno habilitador de la competitividad
Por ello, es imprescindible que la UE transforme la regulación de un obstáculo a una ventaja competitiva, promoviendo un entorno favorable para la inversión y la innovación y fortaleciendo el mercado único. Esto es necesario porque sin inversión no es posible la innovación, ni, por tanto, mejorar la competitividad.
Por ello, desde Telefónica, consideramos que es necesario:
- Actualizar la política de competencia para facilitar la escalabilidad de empresas y alinear el Reglamento de Control de Concentraciones con objetivos de competitividad, digitalización y sostenibilidad.
- Profundizar el Mercado Único, evolucionando la visión habitual basado en la armonización regulatoria, a una visión basada en la eliminación de las barreras legales, administrativas y políticas a la libre circulación de los recursos.
- Fomentar una mejor co-gobernanza y diálogo público-privado para impulsar una “buena regulación”, selectiva y adaptada a las necesidades de las empresas.
- Alinear política de competencia, ayudas de Estado y marcos regulatorios con objetivos de competitividad futura, garantizando igualdad entre actores y Estados miembro, y mejorando la coherencia y aplicación de criterios dentro de la Comisión Europea para fomentar la innovación y escala.
- Implementar un control de competitividad en nuevas normas y revisar regulaciones existentes para eliminar aquellas que dificulten la inversión o la innovación.
- Garantizar la igualdad de condiciones en el mercado europeo para permitir a las empresas europeas competir equitativamente mediante desregulación sectorial, ajustada a la evolución del mercado.
En el próximo post profundizaremos en el siguiente eje estratégico para una UE más competitiva: cómo fortalecer al sector de las telecomunicaciones como pilar de la competitividad en un entorno global guiado por la economía digital.
