El informe de la OCDE «Environmental Sustainability of Communication Networks» (2025) analiza el papel fundamental de las infraestructuras digitales en la transición hacia una economía descarbonizada. Este documento destaca la necesidad de equilibrar dos dimensiones críticas: minimizar la huella ambiental directa de las redes de comunicación y potenciar su efecto habilitador para reducir emisiones en otros sectores.
Telefónica se posiciona como referente en este ámbito, siendo reconocida en múltiples ocasiones por sus mejores prácticas en sostenibilidad. Como ejemplo, en lo que llevamos de 2025, Telefónica fue reconocida como una de las 10 empresas más sostenibles del mundo en el ranking de Time y Statista. Adicionalmente, por undécimo año consecutivo, forma parte de la ‘Lista A’ elaborada por CDP.
La compañía ha integrado la descarbonización en su estrategia central, con un plan de Acción Climática, y ha establecido objetivos ambiciosos: reducir en un 90% sus emisiones directas en 2030 y alcanzar cero emisiones netas, incluyendo su cadena de valor, en 2040, neutralizando las emisiones que no haya podido reducir (10%). Todo ello en línea con las recomendaciones de la OCDE para adoptar tecnologías limpias y modelos circulares.
Efecto habilitador y poder descarbonizador de las redes
La OCDE reconoce explícitamente el efecto habilitador de las redes de comunicación: por cada tonelada de CO₂ emitida por el sector TIC, se evitan hasta 10 toneladas en otros sectores económicos mediante soluciones digitales. Este efecto habilitador se materializa en aplicaciones como:
- Redes eléctricas inteligentes que optimizan el consumo energético.
- Sistemas de transporte conectados que reducen la congestión urbana.
- Agricultura de precisión mediante sensores IoT que disminuyen el uso de recursos.
Sin embargo, el documento señala una paradoja regulatoria: mientras la OCDE cuantifica este impacto positivo, la Unión Europea aún no ha integrado plenamente estas externalidades positivas en su marco normativo. Esto crea asimetrías en la evaluación coste-beneficio de las inversiones en infraestructura digital.
Las redes avanzadas no solo actúan como habilitadores, sino que mejoran su propia eficiencia energética. El despliegue de redes 5G y fibra óptica de última generación permite reducir hasta un 90% el consumo energético por unidad de datos transmitidos comparado con tecnologías anteriores.
Esta paradoja también afecta al paquete regulatorio de finanzas sostenibles de la UE, ya que las redes de telecomunicaciones no están incorporadas en la Taxonomía de actividades sostenibles. Esto implica que las inversiones en las mismas no podrían ser tipificadas como “verdes”, ni se definen criterios ambientales para su despliegue, lo que supone un nuevo obstáculo para la financiación de estas además de no regularse a favor de los objetivos climáticos al ser este un sector clave en el desarrollo económico-social de la próxima década.
El camino hacia la neutralidad climática
La OCDE enfatiza la necesidad de métricas armonizadas para medir el impacto ambiental de las redes. Aquí, Telefónica destaca por su transparencia, reportando no solo emisiones directas sino también:
- Consumo de energía por unidad de tráfico ( ratio ha mejorado un 90% desde 2015).
- Porcentaje de uso electricidad renovable en instalaciones propias (89,1% en 2024).
- Equipos electrónicos reciclados (30% en 2024).
Telefónica es además, como indica el informe de la OCDE, es una de las pocas compañías que se ha fijado el objetivo corporativo de alcanzar “cero residuos” para 2030, a través del eco-diseño, compras circulares, reutilización y reciclaje.
El documento alerta sobre riesgos regulatorios: solo el 50% de los reguladores europeos tienen mandatos explícitos en sostenibilidad ambiental. Esto podría frenar la inversión en redes eficientes si no se alinean incentivos económicos con objetivos climáticos.
Consideración transversal de los beneficios ambientales en las decisiones de los reguladores
El informe revela que mientras más de la mitad de los reguladores de los países de la OECD tienen responsabilidades parciales o completas sobre el aspecto ambiental de las redes, la mayoría no cuenta con un mandato directo o una metodología integrada para asegurar los beneficios ambientales. En este sentido, la OECD recomienda a los gobiernos y legisladores a buscar un equilibrio en su toma de decisiones para extender la sostenibilidad en el sector de telecomunicaciones.
La Unión Europea aparece como ejemplo de avance en este aspecto. Pese a no ser vinculante legalmente, la UE cuenta con unas directrices sobre ayudas estatales para redes de banda ancha que permiten una evaluación con criterios de sostenibilidad. Adicionalmente, desde 2020, BEREC cuenta con un grupo de trabajo de expertos en sostenibilidad para ampliar conocimiento y contribuir al desarrollo de nuevas políticas que favorezcan la incorporación de criterios ambientales.
Recientemente, BEREC lanzó una consulta pública en la que exploraba la valoración de los beneficios ambientales por parte de los reguladores nacionales a la hora de evaluar acuerdos de compartición de red. El documento reveló que, hasta el momento, la gran mayoría de los reguladores nacionales no habían considerado los beneficios ambientales en sus decisiones, limitándose a cuestiones de competencia. BEREC trasladaba que esta omisión representa una oportunidad perdida para integrar las consideraciones de sostenibilidad en el marco de evaluación, así como para fomentar los esfuerzos de los operadores de telecomunicaciones en esta dirección, buscando trabajar hacia un nuevo marco que compaginase competencia y sostenibilidad.
Este mismo tema también se abordó por el Comité de Competencia de la OCDE, quienes analizaron la integración de las consideraciones medioambientales en la legislación y política de competencia. Una conclusión general de ese trabajo inicial es que las autoridades de competencia deben integrar los objetivos medioambientales en su labor dado el imperativo de la emergencia climática.
A este respecto, la revisión de las Directrices Horizontales en virtud del artículo 101(3) TFUE, la cual se recoge en la carta de misión a Teresa Ribera, representa una oportunidad para poder incluir la consideración de las eficiencias de sostenibilidad en la evaluación general de los efectos competitivos de los acuerdos de cooperación horizontal.
Por otro lado, el informe de la OECD también recoge la política de espectro como otro de los ámbitos en el que las decisiones regulatorias pueden afectar de forma relevante tanto a la sostenibilidad ambiental del sector de las telecomunicaciones como a su capacidad para facilitar la reducción del impacto ambiental de otros sectores. Más concretamente, la disponibilidad de nuevo espectro para el despliegue de redes móviles es clave para hacer frente a la creciente demanda de mayor cobertura y capacidad, satisfaciendo los requisitos de calidad de la forma más sostenible posible.
En definitiva, la transición verde requiere redes digitales inteligentes y sostenibles. Como demuestra Telefónica, la descarbonización del sector no solo es técnicamente viable, sino económicamente rentable cuando se integra en la estrategia corporativa. Los hallazgos de la OCDE plantean un reto regulatorio urgente: crear marcos que reconozcan el doble papel ambiental de las redes (como infraestructura limpia y como habilitador clave) para acelerar la transición hacia economías descarbonizadas.
