En un mundo cada vez más digitalizado, el acceso a las telecomunicaciones no es un lujo, sino una necesidad. La brecha digital —esa división que separa a quienes acceden y saben usar las tecnologías digitales de quienes no— se presenta como uno de los desafíos más críticos de nuestra era, en la medida en que puede generar diferencias considerables en el desarrollo de entre países y regiones.
En ese sentido, América Latina se enfrente a retos importantes, dado que, de acuerdo con el Banco Mundial (2023), el 74% de los hogares urbanos en Latinoamérica usan Internet fijo y mientras que en las zonas rurales el porcentaje es de 42.
Una de las alternativas que han adoptado los países para reducir la brecha digital es la constitución de Fondos de Servicio Universal (FSU). Los FSU son mecanismos financieros establecidos por los gobiernos para fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y el desarrollo de programas de apropiación digital en áreas rurales, remotas o de bajos ingresos, donde no es comercialmente viable para los operadores privados llevar sus operaciones. Estos fondos se nutren de contribuciones obligatorias de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, generalmente a partir de un porcentaje de sus ingresos anuales.
En ese sentido, vale la pena revisar el impacto que tienen FSU en la brecha digital e identificar posibilidades para mejorar su eficacia en la sociedad, conforme a los recursos económicos que los sustentan.
¿Cómo se comportan los FSU?
Según un estudio de GSMA (2023), estos fondos no han logrado cerrar de manera eficaz la brecha digital en los países estudiados, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador. La investigación destaca problemas estructurales como deficientes tasas de desembolsos, subejecución y una limitada efectividad, sumado a una falta de evaluaciones ex-post que permitan priorizar y dar continuidad solo a aquellos proyectos que han generado impactos positivos.
De igual manera, un estudio de Naciones Unidas (2017) en Asia y el Pacífico encontró que los Fondos de Servicio Universal no han logrado mejores resultados en expansión de banda ancha en países con estos fondos, debido a debilidades en su diseño e implementación, con resultados nulos o incluso negativos sobre la conectividad.
Este escenario sugiere que los FSU, en su configuración actual, no solo fallan en alcanzar sus metas, sino que también pueden estar provocando distorsiones en la inversión y aumentando los costos para desplegar redes, lo cual contraviene los objetivos de conectividad que pretenden apoyar.
Según un estudio de la Alliance for Affordable Internet en conjunto con Internet Society, en 18 de los 24 países analizados se utilizaron FSU para financiar proyectos, sin embargo, en algunos casos estos recursos se emplearon para gastos administrativos o fueron transferidos a otras agencias gubernamentales.
Ahora bien, una reflexión paralela al impacto que tienen los fondos en el cierre de la brecha digital debe estar encaminada al modelo de financiamiento y los problemas que se podrían derivar de ello, relacionando este aspecto con el desempeño y cumplimiento de los objetivos que buscan cumplir los FSU.
De acuerdo con GSMA (2023), en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador, los FSU se constituyen únicamente a partir de las aportaciones que realizan los operadores de telecomunicaciones para financiar la expansión de servicios de telecomunicaciones. No obstante, esta dependencia exclusiva de los operadores plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y la amplitud de la cobertura del financiamiento en el largo plazo. Frente a este escenario, la inclusión de una gama más amplia de contribuyentes, como empresas tecnológicas y otros actores del sector digital, podría ser una estrategia clave para robustecer los fondos y ampliar su impacto.
Al considerar la necesidad de conectar áreas rurales y comunidades desatendidas, donde los desafíos económicos son más pronunciados, la diversificación de las fuentes de financiación se convierte en un componente esencial para garantizar que los FSU no solo sean efectivos, sino también equitativos y adaptativos a las cambiantes necesidades tecnológicas. Además, al integrar a más contribuyentes, se fomenta una responsabilidad compartida, alineando los intereses de una variedad más amplia de actores económicos con los objetivos de desarrollo social y tecnológico a largo plazo.
En este contexto, un ejemplo relevante es Estados Unidos, donde se presentó un proyecto de ley bipartidista que propone que las grandes empresas tecnológicas contribuyan al financiamiento de la infraestructura de banda ancha. Este enfoque busca expandir la base de contribuyentes del Fondo de Servicio Universal, reconociendo la importancia de distribuir más equitativamente las responsabilidades financieras entre los beneficiarios directos de una red de internet robusta.
Esta reforma podría ofrecer un modelo valioso para otros países en sus esfuerzos por cerrar la brecha digital y garantizar un acceso más universal a las telecomunicaciones.
Propuesta
1. Se debería repensar la política y eliminar estos fondos si no tienen un impacto, en países como México o Chile no existe este fondo y son países que el mismo nivel de acceso o más alto que otros países con FSU. Ahora bien, entendiendo que requieren cambios profundos en las leyes, estos fondos deben tender a solo financiarse con recursos del Estado sin afectar la capacidad inversora de las empresas, lo que implica voluntad política y cambios normativos de mediano plazo.
En el caso de existir, para maximizar el potencial de los Fondos de Servicio Universal (FSU) en cerrar la brecha digital, es imperativo adoptar un enfoque más inclusivo y multifacético hacia su estructura y operación. A continuación, se presentan varias estrategias recomendadas para mejorar la efectividad de estos fondos:
2. Diversificación de las Fuentes de Financiamiento: Los FSU tradicionalmente se han sostenido principalmente por contribuciones de operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, para ampliar su alcance y capacidad, es crucial incorporar a otros actores del ecosistema digital, como proveedores de contenido y servicios en línea. Además, aumentar las contribuciones desde los presupuestos públicos podría proporcionar un soporte adicional que asegure una cobertura más amplia y una respuesta más ágil a las necesidades emergentes.
3. Incremento en Transparencia y Rendición de Cuentas: Implementar mecanismos rigurosos de monitoreo y evaluación ex-post es vital para asegurar que cada dólar invertido se utilice de la manera más eficiente posible. Estos mecanismos no solo deben seguir el flujo del dinero, sino también evaluar el impacto real de los proyectos en términos de acceso y uso de las telecomunicaciones por parte de las comunidades objetivo.
4. Promoción de la Colaboración Público-Privada: Las alianzas entre el sector público y privado son fundamentales para aprovechar al máximo los recursos y la experticia disponible. Establecer colaboraciones estratégicas puede ayudar a implementar proyectos que sean más sostenibles y que tengan un impacto transformador más significativo en las comunidades servidas.
Concluir estos esfuerzos con un llamado a la acción es crucial. Es hora de repensar el rol y el modelo de los FSU para que realmente puedan cumplir con su misión de universalizar el acceso a las telecomunicaciones. Este cambio no solo es necesario para ajustarse a la evolución tecnológica y las dinámicas económicas actuales, sino también para asegurar que los avances en conectividad se traduzcan en oportunidades reales y equitativas para todos, especialmente para aquellos en regiones desatendidas o económicamente desfavorecidas. Solo a través de un enfoque renovado y comprometido que favorezca la inversión podemos esperar cerrar la brecha digital de manera efectiva y sostenible.
