Zoraida Frías
Cuando se interconectaron por primera vez diferentes máquinas de varias universidades norteamericanas allá por 1969, el objetivo del proyecto de investigación no era otro que la creación de protocolos capaces de conectar de manera descentralizada redes que utilizaban sistemas muy distintos entre sí. El único requisito era tener asignada una dirección IP y usar un protocolo de la familia TCP/IP. La invención supuso una auténtica revolución para los sistemas de comunicaciones en el plano técnico, cuyo impacto se ha extendido rápidamente al económico y al social. Pero, ¿qué ha cambiado en estos años desde que se comenzara a gestar el ecosistema digital?
Durante mucho tiempo los servicios de comunicaciones – por citar algunos, la telegrafía primero y luego la telefonía, el fax o la televisión– eran servicios fuertemente integrados. La prestación de estos servicios se basaba en una fuerte asociación entre los fabricantes de equipos, los generadores de contenidos y el operador de la red, estando integrados extremo a extremo. Durante la década de los 90 suceden varios acontecimientos relevantes para la posterior evolución del ecosistema que comienza a gestarse con la creación de Internet: la aparición de la Web y la liberalización de los mercados de telecomunicaciones.
La World Wide Web aparecía en 1989 como un espacio de información abierto que permitía compartir textos a través de identificadores e hiperenlaces (URL) y ha sido sin duda uno de los principales catalizadores de la expansión comercial de la Red, suponiendo un fuerte impulso tanto al desarrollo de la infraestructura física como a la creación de nuevos contenidos y servicios.
En los 90 comenzaba también la liberalización del sector de las telecomunicaciones y se gestaba el marco regulador de los servicios de telecomunicación en Europa que constituye la base de la regulación sectorial vigente en la actualidad: el paquete telecom. Esta normativa tenía como objetivo garantizar la protección de los derechos de los usuarios y una competencia justa entre los diferentes proveedores de servicios, reconociendo la evolución tecnológica y de mercados que acontecía. Esta nueva normativa regulaba el conjunto de lo que se definieron como «servicios de comunicaciones electrónicas», que incluían la telefonía fija y móvil, el acceso a la banda ancha y los servicios de televisión, con independencia de la infraestructura concreta sobre la que lo hacían. El hecho de que estos servicios fueran susceptibles de ser prestados sobre diversas infraestructuras y tecnologías vinculaba la definición de los servicios de comunicaciones electrónicas a la gestión de alguna infraestructura y al transporte de las señales.
En los años 90, el servicio predominante en las redes de telecomunicación era la telefonía, y el uso de Internet prácticamente se reducía al correo electrónico, el intercambio de ficheros y la navegación web. Hoy día, la Web constituye tan sólo un 25% del tráfico en el acceso fijo a la banda ancha en Europa, mientras que el vídeo bajo demanda representa alrededor de un 40%. De hecho, Internet se ha convertido en una red global para la transmisión de cualquier tipo de contenido gracias al propósito de interoperabilidad con el que se concibió originalmente. La arquitectura abierta, no sólo de Internet sino también de la Web, desembocó en un ecosistema con muy bajas barreras de entrada en el que aparecían gran cantidad de servicios, caracterizados por su innovación y dimensión global.
Durante estos años el ecosistema madura y, tras el “pinchazo” de la burbuja .com en el 2000, se configura un nuevo entorno con nuevas oportunidades de negocio, nuevos servicios y también nuevos agentes. Estos nuevos agentes, frecuentemente denominados Over The Top (OTT), han creado servicios digitales con gran valor social y económico, apoyándose en los desarrollos tecnológicos y en la conectividad global que ofrece Internet.
Estos nuevos servicios tienen en común una serie de características en relación con su demanda, su dinamismo y sus modelos de negocio, algunas de las cuales son típicas de mercados multilaterales. En estos mercados multilaterales participan generalmente generadores de contenidos, usuarios y publicistas, y los servicios brindan un valor añadido a todas las partes a través de su personalización y de la explotación de publicidad segmentada, gracias a los datos que se recaban de los usuarios. La gratuidad de los servicios para alguna parte del mercado multilateral, en general para los usuarios, hace que, con frecuencia, tanto los propios usuarios como las administraciones no identifiquen en ellos la típica relación contractual basada en una contraprestación monetaria directa y no se exijan los derechos que de otra forma se haría.
Estos servicios, en contraposición a los de comunicaciones electrónicas, se catalogan principalmente como servicios de la sociedad de la información, una categoría más amplia en la que tiene cabida cualquier actividad prestada por vía electrónica que no encaje en la definición de los primeros. De alguna manera, los servicios OTT están considerados servicios de la sociedad de la información, quizá más que por encajar perfectamente en su definición –elaborada en 1998– por no estar explícitamente excluidos de ella.
En el momento en que se construyeron estas definiciones, los servicios que prestaban los distintos agentes del ecosistema digital tenían diferentes características y funcionalidad. Sin embargo, su evolución ha provocado que en la actualidad puedan prestarse servicios equivalentes con diferentes soluciones tecnológicas que no involucran necesariamente el transporte de la señal. Existe una nueva cadena de valor con nuevas interdependencias. En este nuevo escenario es necesario que la regulación reconsidere: 1) si las obligaciones y salvaguardas del paquete telecom teniendo sentido, y 2) si lo tienen, si son capaces de proteger de manera efectiva los derechos de los usuarios y cumplir con el propósito para el que se crearon. Para aquellos derechos que no puedan ser protegidos de forma efectiva con independencia de la solución tecnológica que se utilice, la normativa se encuentra ante el reto no sólo de buscar alternativas, sino de hacerlo al ritmo que se transforma el siempre nuevo ecosistema digital.
