¿En qué consiste el Fair Share?
En Internet, es una práctica habitual utilizar un modelo de negocio en el que se saca partido a ambas caras del mercado. Por ejemplo, algunas plataformas de streaming cobran a los usuarios finales -mediante cuotas de suscripción- y a los anunciantes -fijando un precio por anuncio-. Sin embargo, a día de hoy, este modelo no aplica a los operadores de telecomunicaciones.
La capacidad del sector de las telecomunicaciones para evolucionar hacia un mercado bilateral -o de doble cara- está limitada al poder de negociación de los grandes generadores de tráfico. Los operadores de telecomunicaciones están atrapados en un modelo de mercado unilateral, obteniendo únicamente pagos por el uso de las redes de los clientes finales, y no de los proveedores de contenidos. Esto afecta a la sostenibilidad de las redes y reduce la capacidad de inversión de las telecos. Al mismo tiempo, dado que las redes son la espina dorsal de la transformación digital de Europa, esto también retrasa la consecución de los objetivos de la Década Digital de la UE.
Fair Share pretende crear la obligación de que los Grandes Generadores de Tráfico (GGT) negocien y lleguen a un acuerdo para el servicio de entrega del tráfico de los GGT a través de las redes nacionales a los usuarios finales.
¿Cuál es el problema detrás de Fair Share?
Las grandes empresas de telecomunicaciones que operan en Europa y las asociaciones sectoriales reclaman a los GGT que realicen sus aportaciones debido a la incapacidad del sector para mantener el ritmo de las inversiones. En resumen, los operadores de telecomunicaciones se enfrentan a una paradoja. Mientras el tráfico de datos crece rápidamente (a una tasa anual compuesta CAGR del 35% en 2011-2022 y superior al 50% para los datos móviles), los ingresos de los operadores disminuyen (a una tasa anual compuesta CAGR del -3%).
Este crecimiento del tráfico ha sido impulsado principalmente por unos pocos actores digitales. Según un estudio de Axon Partners Group, solo en 2021, el 57 % del tráfico mundial procedió solamente de seis plataformas digitales : Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft y Netflix. Por tanto, para garantizar la sostenibilidad de la red y hacer frente al creciente crecimiento del tráfico, es pertinente que los grandes generadores de tráfico paguen por el servicio de transporte de tráfico prestado por los operadores de telecomunicaciones.
Sin embargo, las asimetrías de poder de negociación entre estas empresas y los operadores de telecomunicaciones impiden establecer unas condiciones justas para negociar. Por eso, el sector de las telecomunicaciones pide a la Unión Europea que establezca un mecanismo regulador que imponga a las LGT la obligación de sentarse a negociar y llegar a un acuerdo.
La raíz de las asimetrías en el poder de negociación: la evolución de la arquitectura de Internet
Inicialmente, la construcción de Internet se basó en el intercambio simétrico de tráfico de datos entre iguales. Los proveedores de servicios de Internet del mismo nivel intercambiaban datos aplicando mecanismos de compensación. Y si no estaban al mismo nivel, las redes de nivel inferior pagaban a los proveedores de tránsito de mayor nivel por el transporte de sus datos, en función de la cantidad de tráfico intercambiado. Sin embargo, esto ya no es así.
La aparición y el crecimiento de plataformas digitales y de streaming provocaron una mayor necesidad de capacidad, aplanando la topología de Internet mediante la introducción de redes de distribución de contenidos (CDN). Estas plataformas se convirtieron en una nueva categoría no prevista en la arquitectura de Internet. Las grandes empresas digitales dejaron de ser usuarios de Internet para convertirse en operadores especiales sin red de acceso ni red troncal nacional, lo que les permitió obtener un poder de mercado sin restricciones.
La posición dominante de estas plataformas creó asimetrías de poder que aumentan la vulnerabilidad de otros actores digitales -como los operadores de telecomunicaciones- ante posibles decisiones unilaterales en la negociación de las condiciones contractuales.
Posición de la Unión Europea
El debate entre las empresas no llega a una solución satisfactoria, lo que ha llevado a la Unión Europea a actuar. El Parlamento Europeo se ha mostrado a favor de la postura de las operadoras, que ha argumentado basándose en datos y en la situación actual del sector, donde cerca del 60% del tráfico de datos en las redes se concentra ya en seis grandes empresas tecnológicas, sin inversión en infraestructuras.
El llamado Informe sobre la Política de Competencia también hace referencia al reparto equitativo. Contiene la enmienda 12, que afirma que la sostenibilidad económica de las redes de telecomunicaciones es esencial para los objetivos de la UE. La UE ha propuesto que, para 2030, haya una conectividad de alto rendimiento para los ciudadanos europeos, pero sin comprometer las normas de competencia.
El informe pide a la Comisión Europea que mitigue las asimetrías de poder en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, pide un marco político en el que los grandes generadores de tráfico tengan que contribuir a una financiación justa de las redes de telecomunicaciones, pero sin afectar a la neutralidad de la red.
Este planteamiento colmaría el déficit de inversión en infraestructuras de 174.000 mil millones de euros, identificado por la Comisión Europea. El reparto equitativo se convierte así en una herramienta para evitar graves desequilibrios en el sector de las telecomunicaciones. A medida que las empresas tecnológicas aumentan el tráfico y, por tanto, el uso de las redes, parece justo que contribuyan al mantenimiento de la infraestructura. El objetivo es que los usuarios se beneficien y disfruten de servicios de mayor calidad.
