En el mes de julio, iniciamos la serie titulada Libro Blanco de la CE, donde presentamos la contribución de Telefónica a la consulta pública del Libro Blanco. Como resultado de esta consulta, la Comisión presentará una propuesta legislativa, la Ley de Redes Digitales, que determinará el futuro de la Unión Europea y del sector de telecomunicaciones en la próxima década a través de un nuevo marco regulatorio.
El primer post analizó la propuesta de futuro para el sector de telecomunicaciones. El segundo post identificó los nuevos retos a los que se enfrenta la nueva Comisión. El tercero abordó el desequilibrio de Internet. El cuarto post explicó los desafíos de la regulación de acceso. El quinto post profundizó sobre sobre si el modelo regulatorio limita la innovación del sector de telecomunicaciones. En el sexto post explicamos la relevancia de la Taxonomía para movilizar la inversión hacia redes de última generación más eficientes. En este séptimo y último reflexionamos sobre el diseño de una nueva política de espectro que incentive inversiones en conectividad, haciendo la vida más fácil y provechosa a los ciudadanos europeos y más competitivas a nuestras empresas.
La política de espectro como herramienta para incentivar inversiones
No necesitamos extendernos mucho describiendo la pérdida de capacidad inversora del sector en los últimos años. Basta recordar que los ingresos del sector en Europa Occidental son hoy un 15% más bajos en Euros corrientes que en el pico de mediados de la década de los 2000, con especial impacto en países del sur de Europa que acumulan descensos del 40% en Italia y Grecia y del 35% en España. Las expectativas de los analistas a futuro son de crecimiento por debajo de la inflación, muy por debajo de otros sectores como los servicios digitales con los que competimos por fondos para financiar nuevas inversiones.
La política de espectro no ha sido un simple testigo de esa situación. Con matices en función de los países, la realidad es que la falta de atractivo del sector para los inversores está en buena parte causada por subastas que tienen la recaudación como objetivo relevante y por reservas de espectro que facilitan el acceso a frecuencias en condiciones preferentes a nuevos entrantes o a otros usuarios que de una forma u otra compiten con los operadores móviles.
Desde Telefónica proponemos tres ejes sobre los que construir la política de espectro futura, convirtiéndola en una herramienta para recuperar la confianza y facilitar la inversión:
- incrementar la certidumbre sobre la renovación de las licencias de espectro que soportan las redes actuales,
- asignar espectro adicional para habilitar el crecimiento, la innovación y atender la demanda futura de servicios móviles 5G Advanced y 6G,
- y establecer un marco institucional que asegure que las futuras asignaciones se realicen a cambio de compromisos de inversión justos y razonables.
Renovación de licencias
Una de las principales preocupaciones de los operadores y sus accionistas tiene que ver con la incertidumbre asociada a la caducidad de licencias de espectro que se están usando para dotar de cobertura y capacidad a nuestras redes. La posibilidad de no obtener la renovación de esos derechos, o de tener que hacerlo a precios muy altos, supone un elevado riesgo que impacta la valoración de la empresa, y frena la inversión. En cierto modo, la forma en que los operadores accedemos al espectro en Europa se ha asemejado en general más a un régimen de alquiler a corto plazo que a un régimen de propiedad o de alquiler a largo plazo, y es comprensible la dificultad que conlleva para un inquilino plantearse inversiones asociadas a un activo sobre el que solo tiene un derecho temporal.
El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas actualmente vigente ya trató de cambiar la situación imponiendo a los Estados miembro la obligación de estudiar con suficiente antelación la posibilidad de renovar las licencias. En España se ha extendido la duración de todas las licencias por 10 años sin coste adicional, llevando el término de la mayor parte de ellas al año 2040 y en adelante, aumentando la certidumbre sobre una renovación futura, todo ello para impulsar la inversión en los despliegues 5G y en el futuro 6G. Otros países como Francia, Alemania, Portugal o la República Checa han dado pasos similares en la que, en nuestra opinión, es la dirección correcta.
La futura Ley de Redes Digitales es una oportunidad para consolidar esa tendencia y desencadenar un proceso que debería concluir con la transformación de las licencias existentes en licencias indefinidas, con posibilidad de recuperación por parte del Estado en circunstancias excepcionales y tasadas, similar al marco existente en UK y en EE.UU. Se incrementaría así la necesaria certidumbre sobre la gran cantidad de derechos de uso que caducan entre 2025 y 2035.
Nuevas frecuencias con las que sustentar los servicios futuros
El tráfico que circula por las redes móviles sigue creciendo, y cada año se añade un volumen incremental de tráfico sustancial que hay que atender. El último informe de Ericsson por ejemplo estima que el tráfico ha crecido en Europa un 20% entre 2023 y 2024, excluyendo el tráfico fijo inalámbrico, y se duplicará entre 2025 y 2030. Sin espectro adicional para redes móviles será muy difícil aumentar la capacidad de forma sostenible para hacer frente a ese crecimiento.
Más importante todavía es el hecho de que hay muchas aplicaciones de la conectividad móvil por explorar, desde el uso de drones al coche conectado, la realidad virtual/aumentada, además de otras aplicaciones que serán soportadas por 6G. No es posible esperar a que todas esas aplicaciones sean realidad para tratar de encontrar nuevo espectro para ellas. El progreso funciona muchas veces en sentido contrario: es la seguridad de disponer espectro la que elimina las barreras a la innovación, la hace posible y le da forma. Es necesario actuar ahora para asegurar que existe espectro disponible en el futuro que permita la innovación en servicios móviles
El espectro es un activo escaso, especialmente en frecuencias en las que se pueda transmitir suficiente potencia para dar servicio en áreas extensas, permitiendo que las señales puedan viajar distancias largas y penetrar muros u otros obstáculos. Sería un error asumir que las redes móviles, que son las que mejor pueden aprovechar esas características para dar servicio a millones de ciudadanos europeos, han cumplido su misión, no tienen nuevas innovaciones que aportar y por tanto no requieren nuevas frecuencias. La nueva Ley de Redes Digitales debe tenerlo en cuenta e introducir mecanismos que aseguren que las decisiones de atribución se toman sobre la base de análisis rigurosos de demanda e impacto coste-beneficio.
A corto plazo, estamos a tiempo de introducir las consideraciones de los párrafos anteriores en el debate sobre la armonización de las bandas 3.8-4.2 GHz y 6 GHz, con decisiones que envíen una clara señal de mayor disponibilidad de espectro futuro para redes móviles y ayuden así a cambiar las expectativas de los inversores.
La posibilidad de que las redes móviles puedan acceder a la banda 3.8-4.2 GHz parece haber sido descartada a priori, sin un análisis en profundidad, debido a la presión para que se reserven y se asignen, a un precio muy bajo, para usos que pueden entrar en competencia directa con los operadores móviles, como el despliegue de redes locales de banda ancha móvil o redes privadas.
En el caso de la parte alta de la banda 6GHz, hay una fuerte presión para obtener acceso a espectro sin coste para la ampliación de la capacidad de las redes WiFi, principalmente para el despliegue de redes privadas en empresas usando esta tecnología. Es fundamental que se asignen en Europa los 700 MHz disponibles en la parte superior de la banda 6 GHz a las redes públicas móviles sin restricciones innecesarias de potencia, para atender la futura demanda de servicios móviles de sus ciudadanos y asegurar la evolución de 5G y la implementación de 6G.
Un marco institucional que priorice la inversión y la cobertura frente a los pagos al Estado
Facilitar las renovaciones y sacar al mercado nuevo espectro no es, sin embargo, suficiente. Es preciso, además, que las asignaciones se hagan mediante procesos bien diseñados y que las contraprestaciones sean razonables. Pensamos que el marco actual es mejorable, y que sería bueno avanzar hacia un procedimiento más formal y transparente de comunicación de las propuestas entre los Estados miembro y la Comisión Europea.
Ese nuevo procedimiento debería estar sustentado en un consenso lo más amplio posible sobre los objetivos a perseguir por la política de espectro y la forma de conseguirlo. La “connectivity toolbox”, elaborada conjuntamente por la Comisión y los Estados miembro entre 2020 y 2021, incluía una sección completa con medidas concretas para diseñar procesos de asignación de espectro orientados al objetivo de maximizar la inversión. Nos parece un buen punto de partida.
