Gestionar el espectro es gestionar la escasez
El espectro radioeléctrico es un bien público y su gestión conlleva, si hay exceso de demanda, determinar qué servicio, tecnología o usuario final va a poder acceder a él. A pesar de que existe un consenso amplio a favor de una gestión neutral basada en mecanismos de mercado, lo cierto es que en la práctica eso no siempre es posible y el papel de las Administraciones Públicas sigue siendo muy relevante para decidir qué usos aportan más beneficios socio-económicos a la sociedad y por tanto debe asegurarse el acceso al espectro.
Es por ello pertinente recordar la importancia que para los operadores de telecomunicaciones y sus usuarios tiene disponer de nuevo espectro en bandas medias, y hacer una llamada de atención sobre el riesgo de una escasez artificial generada por la atribución de un excesivo ancho de banda para usos locales de baja potencia (redes privadas, WiFi) que no obtienen tanto beneficio de la buena propagación de las señales, y podrían ubicarse sin gran perjuicio en bandas más altas.
En último término, los usuarios de redes locales o WiFi estarían accediendo a un espectro muy valioso, probablemente a un precio bajo o inexistente, sin tener en cuenta el coste de oportunidad. De este modo, se crearía un beneficio para los proveedores y usuarios de esas tecnologías inalámbricas, pero a costa de generar escasez artificial de espectro para el despliegue de redes públicas terrestres, en detrimento de los usuarios finales de esos servicios y de los operadores que compiten por los derechos en subastas, pagan unos precios considerables y asumen compromisos de cobertura agresivos.
Del pasado imperfecto al futuro incierto
Hay muestras recientes del impacto que la escasez puede tener: Italia solo puso a disposición de los operadores 200 MHz en la banda 3.5 GHz y el precio en €/MHz/pop fue el doble que en Alemania (que puso a disposición 300 MHz) y cuatro veces el de España (que puso 380 MHz). En total, los operadores italianos hicieron en 2018 un pago de 4.300 millones de euros por las licencias a 20 años en la banda 3,5 GHz, aproximadamente cuatro veces la inversión móvil anual en el país excluyendo los pagos de espectro. Es difícil sostener que los mayores desembolsos de los operadores y la menor cantidad de espectro disponible en Italia y Alemania no hayan perjudicado a la conectividad móvil, sin un beneficio claro para sus ciudadanos y empresas, más allá de los ingresos para el Tesoro Público.
Las instituciones europeas responsables de la gestión de espectro van a tomar en los próximos meses decisiones importantes sobre la atribución futura de las bandas (6425-7125MHz) y (3800-4200 MHz), y deben asegurar que la escasez artificial de espectro no volverá a ser un cuello de botella que impida atender de forma eficiente la demanda de conectividad móvil.
6 GHz: Uno más uno, menos que dos
En la banda de 6 GHz el debate gira en torno a la posibilidad de compartición de frecuencias entre las redes móviles y las redes WiFi. El concepto es atractivo en apariencia: permitiendo el despliegue de los dos tipos de redes con ciertas limitaciones que afecten lo menos posible al coste de despliegue o a la calidad, se puede conseguir un marco flexible que maximice el valor del espectro y evite tomar hoy decisiones irrevocables.
El problema es que las condiciones que se están planteando limitarían sobremanera el valor de la banda para despliegues móviles. Así, uno de los esquemas que se está considerando es limitar la potencia de emisión de las redes móviles, para reducir el alcance de la señal y así intentar evitar las interferencias a las redes WiFi que se utilizan en interiores. Esa propuesta, sin embargo, obvia el hecho de que en torno al 70% del tráfico cursado por las redes móviles se genera en interiores, normalmente en lugares públicos u oficinas fuera del domicilio del usuario. Además, al reducir la potencia a la que se puede transmitir en la banda de 6 GHz se desaprovechan las ventajas inherentes a esas frecuencias y se reduce su valor hasta hacerlo similar al de bandas más altas que tienen una distancia de propagación menor y en las que hay mucha menos escasez.
3,8-4,2 GHz: no cerremos puertas que no se pueden volver a abrir
Desde Telefónica llevamos tiempo advirtiendo, con poco éxito, de la ineficiencia que supone destinar a usos locales de baja potencia una cantidad de frecuencias tan grande en una banda tan valiosa, que permite reaprovechar los emplazamientos existentes y para la que ya hay un ecosistema de equipos y terminales 5G desarrollado.
Seguimos pensando que el objetivo perseguido por las autoridades de gestión de espectro se puede conseguir prácticamente sin coste concentrando en toda Europa el espectro asignado a redes locales de baja y media potencia en la parte alta de la banda. Una referencia pueden ser los 100 MHz que se identificaron en Alemania en una banda similar en 2019, y que de momento han sido más que suficientes. De esa forma se evitaría la fragmentación irreversible y se dejaría abierta la opción de usar los 300 MHz restantes en el futuro para redes móviles públicas.
Mejorar el marco institucional para facilitar la toma de buenas decisiones
En Europa nos hemos dotado de instituciones de gestión de espectro capaces de realizar con calidad análisis técnicos de coexistencia entre servicios, que pueden llegar a concluir con solvencia, por ejemplo, que “para asegurar que no hay interferencias entre servicios es preciso limitar la potencia de emisión a X milivatios”. Ese es un paso importante, pero no asegura en sí mismo que las decisiones de atribución de bandas espectro sean las óptimas. Es preciso además trasladar esos condicionantes técnicos a euros de coste incremental, y lo que es todavía mucho más difícil, estimar también en euros el valor para el usuario final de los distintos servicios alternativos que se pueden prestar. Adicionalmente, debe justificarse por qué no es posible usar mecanismos de mercado menos intrusivos.
El proceso actual de decisión en la UE es un modelo descentralizado en el que está dispersa la responsabilidad de realizar análisis socioeconómicos de coste-beneficio antes de tomar decisiones armonizadas de atribución de bandas de espectro. El resultado es que no es fácil llevarlos a cabo o introducirlos en la toma de decisiones, pese a que el incremento de la demanda y la dificultad de encontrar nuevas bandas hace que sean cada vez más necesarios. He ahí un reto estimulante para el nuevo ciclo legislativo.
