Más, mejores y más seguras inversiones

La seguridad jurídica es un pilar fundamental para atraer inversión extranjera directa, ya que proporciona certidumbre a los inversores sobre la estabilidad de las normas y la protección de sus derechos. Los mecanismos arbitrales internacionales se han consolidado como herramientas clave para resolver disputas vinculadas a inversiones, generar confianza y atraer inversiones en los mercados emergentes, como por ejemplo de América Latina.

Más, mejores y más seguras inversiones

Tiempo de lectura: 3 min

El 31 de marzo de 2025 se celebró en París la Conferencia sobre Tratados de Inversión organizada conjuntamente por la OCDE, UNCTAD y UNCITRAL, para debatir sobre cómo “Modernizar los Tratados de Inversión para Apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” en el marco de las reuniones organizadas por el equipo de Inversiones de OCDE. El evento contó con la participación de responsables políticos, expertos legales, líderes empresariales, académicos y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre las reformas a introducir en los tratados de inversión internacionales.

Desde Telefónica, trabajamos con otras compañías a través de Business at OCDE (BIAC) para llevar las principales recomendaciones del sector privado a la reunión y reforzar la necesidad de seguridad jurídica para fomentar y atraer  inversiones. La seguridad jurídica minimiza la discrecionalidad estatal y protege contra cambios regulatorios abruptos, un factor crítico en economías con historiales de inestabilidad política. Diversos estudios demuestran que países con regímenes legales estables atraen más Inversión Extranjera Directa (IED).

El centro del debate se focalizó en:

La modernización de Tratados de Inversión

Se exploraron los beneficios de actualizar los tratados para atraer inversiones sostenibles y movilizar financiamiento privado hacia proyectos climáticos y se destacó la necesidad de equilibrar la protección a inversores con el derecho de los Estados a regular.

Si bien es fundamental que los gobiernos puedan legislar para proteger el interés público, esto no debe traducirse en medidas arbitrarias repentinas que afecten injustamente a los inversionistas. En países con déficit de gobernanza, este equilibrio es aún más crítico y la necesidad de contar con acuerdos bilaterales que contemplen protección ante determinado tratamiento discriminatorio o injusto por parte de los Estados, son clave.

Reforma del Sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS)

Se debatieron problemas como la falta de consistencia y transparencia en las decisiones arbitrales, así como los altos costos asociados a los procedimientos. Sin embargo, un mecanismo arbitral internacional es necesario para proteger las inversiones. Y, como recomienda UNCTAD, establecer también métodos preventivos de gestión de disputas.

El arbitraje permite resolver conflictos fuera de los tribunales locales, evitando sesgos percibidos. Un sistema equilibrado de ISDS sigue siendo esencial para garantizar la seguridad jurídica y evitar que las disputas se conviertan en moneda de cambio político entre Estados.

Alcanzar un desarrollo sostenible a través de los Tratados de Protección de Inversiones de cara a la globalización

Se analizaron cambios recientes en el diseño de los tratados para alinearlos con las prioridades actuales, como el desarrollo sostenible y la resiliencia económica global.

El futuro exige sistemas más inclusivos que equilibren los derechos de los inversores con las prioridades de desarrollo sostenible de la región.

La falta de seguridad jurídica representa un obstáculo crítico para la IED, por ejemplo, en regiones como América Latina. Sin embargo, mediante reformas legales e institucionales que fortalezcan el estado de derecho y reduzcan la incertidumbre, los países pueden posicionarse mejor para atraer inversiones extranjeras que impulsen un desarrollo económico sostenible.

El crear condiciones adecuadas para la atracción de inversiones es clave para el desarrollo económico y social de los países. Reformas dirigidas a fortalecer el estado de derecho y mejorar la eficiencia judicial son esenciales para atraer capital estable y de calidad y los tratados de inversión pueden, sin duda alguna, contribuir a ello.

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