La era digital está cambiando como ninguna otra la historia de la humanidad. Las empresas transforman su manera de hacer negocios, los gobiernos se digitalizan para mejorar los servicios que ofrecen a sus ciudadanos, los consumidores interactúan de manera directa con las organizaciones que les ofrecen un bien o un servicio, y así con cada paso las comunidades se transforman hacia una sociedad digital. En Colombia se suele decir que “de eso tan bueno no dan tanto”, pero la revolución digital puede ser la excepción que confirma la regla. Bien aprovechada, se convertirá en el principal motor de desarrollo del mundo.
¿Por qué hago referencia a que debe ser “bien aprovechada”? Porque esta disrupción plantea diversos desafíos que deben ser abordados de manera conjunta con el fin de diseñar soluciones o definir reglas de juego claras, y así consolidar un ecosistema digital inclusivo, equitativo, responsable y transparente cuyos beneficios lleguen a todos. Para alcanzar este propósito, Telefónica se ha lanzado al agua y ha presentado su Manifiesto por un nuevo Pacto Digital, que propone alternativas de solución e invita a fomentar debates alrededor de temas claves para lograr la sostenibilidad de la digitalización.
Para Latinoamérica, y particularmente para Colombia, resulta fundamental acordar las bases para consolidar el proceso de digitalización y cerrar la brecha con los países desarrollados. En el índice de digitalización construido por Raúl Katz (2018) los países de la OCDE presentan un puntaje de 72, mientras que Latinoamérica obtiene solamente 53 puntos, evidenciando la tarea pendiente de los países de la región. Para avanzar en este propósito, se requiere fijar las condiciones necesarias para el despliegue de infraestructura, promover una educación acorde con las necesidades de los trabajos del futuro, establecer medidas para fortalecer la confianza de los usuarios frente al uso de los datos, fomentar la competencia en los mercados digitales y potenciar la innovación local y, finalmente, modernizar nuestro marco legal y de regulación para impulsar la inversión.
Es evidente que la base de cualquier proceso digital es la conectividad. Sin embargo, en Latinoamérica el 44% de las personas no cuenta con conexiones a Internet, de acuerdo a la CEPAL (CEPAL, 2018). En Colombia, entre tanto, 1 de cada 2 hogares está en la misma situación, siendo aún peor la realidad en las zonas rurales, donde 5 de cada 6 hogares viven sin estar conectados a la red, según estadísticas del DANE. Ante esta situación, es importante que la inclusión sea una prioridad y que se establezcan las condiciones necesarias para impulsar la inversión y promover el despliegue de red a través de mecanismos que favorezcan el acceso de más personas.
Otro de los elementos claves en la era de la digitalización es el impacto de la automatización sobre el empleo y el rol de la educación digital. Estimaciones de McKinsey (2017) indican que el 50% de las actividades laborales son susceptibles de ser automatizadas y que en un poco más de una década el 15% de la fuerza laboral podría ser sustituida. No obstante, se cierra una puerta, pero se abre una ventana: la cuarta revolución industrial impulsará la creación de nuevos empleos. De acuerdo con un reciente informe del Foro Económico Mundial (2018) sobre el futuro del empleo, la automatización desplazará 75 millones de empleos, pero emergerán 133 millones, y -al igual que en otras olas de automatización a lo largo de la historia- será necesaria una reinvención de las capacidades de las personas. Para afrontar este desafío los países necesitan acelerar el proceso de transformación de su fuerza laboral y dotarla de capacidades acordes con el nuevo entorno digital.
Para lograrlo, la educación será la palanca estratégica que permita formar a las personas en las habilidades que demanda el mercado. Manpowergroup (2018) señala que la escasez de talento en el mundo se ha ido elevando hasta sus más altos niveles en la última década alcanzando un promedio global de 45%. En Colombia, el 82% de las empresas utilizan los entrenamientos adicionales como estrategia principal para superar las dificultades en la contratación de sus colaboradores.
Ante esta situación, se hace necesario (i) desarrollar habilidades digitales no solo en las nuevas generaciones sino en la fuerza laboral actual, porque serán ellos quienes aceleren el proceso de transformación digital de la sociedad, ya que según estimaciones de la CEPAL y la OIT (2018), entre 2015 y 2050 la proporción de personas mayores de 60 años en la fuerza de trabajo aumentaría del 7,5% a 15,0% en América Latina; y (ii) explorar modelos innovadores de aprendizaje, cuestionándonos sobre el rol de la profesionalización y validando el aprendizaje de capacidades puntuales a través de mecanismos virtuales. Para avanzar en estas líneas es pertinente fortalecer la colaboración entre los gobiernos, la academia y el sector privado buscando así impulsar una educación acorde con las nuevas necesidades del mercado.
Ahora bien, esta era de la digitalización debe estar sustentada sobre la confianza. La economía colaborativa, la publicidad en línea o el comercio electrónico tienen como común denominador el uso de datos, muchos de ellos sensibles. Sin embargo, en los últimos años hemos visto como el flujo constante de titulares en medios de comunicación sobre vulneraciones a la seguridad de la información que soporta estos datos ha sido infringida, lo que genera desconfianza en los usuarios. Según Frost & Sullivan (2018), “la confianza del consumidor en los servicios en línea impulsa los patrones de uso: cuando se informa una violación de datos, el 48% deja de usar ese servicio”. Esta realidad da cuenta de la importancia de contar con procesos transparentes y responsables en el uso de la información de las personas, y por tanto se requiere: un nuevo marco ético sobre los datos, brindar a los usuarios el control de su información, crear posibilidades de elección para que decidan qué uso se les puede dar a sus datos, y garantizar su privacidad a través de mecanismos de seguridad apropiados.
En Latinoamérica el panorama es similar: el 55% de los internautas latinos prefiere no realizar transacciones financieras por motivos de seguridad, por encima del promedio global de 51% (Telefónica, 2017) y Colombia no es ajena a esta situación. De acuerdo con el Centro Nacional de Consultoría y Fundación Telefónica (2017), al 80% de los colombianos les preocupa la manera cómo entidades del Gobierno, las empresas y en general las instituciones usan sus datos personales. Igualmente, un estudio realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (2017) identificó que las dos principales causas que inhiben el uso de comercio electrónico del país son i) que las personas desconfían de entregar sus datos personales o financieros; y ii) que las personas no sienten seguridad para realizar pagos en línea. Por tanto, es fundamental fortalecer la confianza digital de las personas en los entornos en línea para garantizar la sostenibilidad de la economía digital.
Igualmente, para mejorar la experiencia de los usuarios en Internet se requiere contar con mercados competitivos en la región. La digitalización ha traído consigo la masificación del consumo de servicios digitales en todo el mundo, pero la oferta de éstos se encuentra altamente concentrada en determinadas regiones y países, predominantemente en Estados Unidos. Para hacernos una idea: mientras que América Latina produce 13,5 miles de millones de dólares anuales en plataformas digitales, Estados Unidos produce 3.350 mil millones, cerca de 250 veces más que la suma de lo que producen todos los países de nuestra región, (CEPAL, 2017). Asimismo, es necesario acelerar el crecimiento del comercio electrónico en la región para aprovechar el potencial de la digitalización y facilitar el intercambio de bienes y servicios en línea. De acuerdo con la CEPAL (2018), la participación del comercio electrónico en el total del comercio minorista representará en 2019 solamente el 3,5% en América Latina, mientras que economías de Asía Pacífico llegarán a un 20,4%, Europa Oriental un 10,2% y América del Norte a un 9,7%.
Finalmente, es claro que en Latinoamérica los gobiernos tienen el reto de adaptar las políticas públicas al mundo digital, con enfoques regionales y globales, que garanticen una correcta supervisión de los mercados. En Colombia, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones cumplen con el régimen de protección de usuarios, las estrictas normativas de calidad del servicio, el pago de contraprestaciones y contribuciones, junto con los aportes fiscales que demanda la legislación, mientras que las compañías de operación global no tienen estas obligaciones, generándose así asimetrías regulatorias.
De igual forma, persiste el reto de avanzar hacia un marco institucional que promueva la desregulación y simplificación normativa. Para dimensionar este desafío, según el Consejo Privado de Competitividad (2018), con base en DNP (2017), entre los años 2000 y 2016 se emitieron en Colombia 17.6 resoluciones y 4,4 decretos cada día hábil, creando un ambiente de sobre regulación que no solo no potencia, sino que obstaculiza el desarrollo de la economía digital en Colombia, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones.
Considero que las políticas públicas en Latinoamérica deben transitar hacia la promoción de la inversión privada para lograr cerrar las brechas digitales, la creación de capacidades locales que apalanquen los procesos de innovación y el fomento al emprendimiento en la región. Son medidas que nos permitirán recibir una porción mayor de los dividendos digitales de esta revolución.
Referencias:
Centro Nacional de Consultoría, Fundación Telefónica. (2017). Estudio de apropiación digital: booster de confianza digital.
CEPAL. (2017). Mercado digital regional para el crecimiento y la productividad aprovechar las economías de escala.
CEPAL. (2018). eLAC 2018 Mercado digital regional: fact sheet.
CEPAL, OIT. (2018). Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: La inserción laboral de las personas mayores: necesidades y opciones.
Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). El comercio electrónico en Colombia: análisis integral y persperctiva regulatoria.
Consejo Privado de Competitividad. (2018). Informe de Competitividad 2017-2018.
Departamento Nacional de Planeación. (2017). Reporte: aproximación al inventario normativo por medio del piloto Big Data regulatorio.
Foro Económico Mundial. (2018). The Future of Jobs Report 2018.
Frost & Sullivan. (2018). The Global State of Online Digital Trust.
Katz, R. (26 de Abril de 2018). Las telecomunicaciones: infraestructura del ecosistema digital latinoamericano.
Manpowergroup. (2018). Resolviendo la escasez de talento: Crear, adquirir, tomar prestado y construir puentes.
McKinsey. (2017). Un futuro que funciona: automatización, empleo y productividad.
Telefónica. (2017). Privacidad y Seguridad.
