Luis Carranza: “Cerrar la brecha digital en América Latina y el Caribe requiere iniciativas agresivas de los sectores público y privado”

De entre los innumerables viajes que realiza el presidente de una institución como CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza (Lima, 1966) ha reservado un hueco de su complicada agenda para visitar Telefónica. El motivo de su viaje es la celebración de los avances conseguidos gracias al programa Internet Para Todos. Desde que CAF, Telefónica y Facebook se aliaron en 2017 para desarrollar esta iniciativa, el compromiso del limeño para fomentar la digitalización de América Latina no ha cesado. Carranza, con amplia experiencia en los sectores público y privado, cuenta su visión sobre cómo se podría cerrar la brecha digital en América Latina, cuál es el papel de la tecnología en el fomento de la productividad de la región y qué reformas se requieren para implementar con éxito estas necesidades.

Conectividad e Internet para todos

Pregunta:  Más de la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a internet[1]. En el caso de Latinoamérica y Caribe, aún no pueden conectarse a la red 288 millones de personas y solo cuatro de cada diez hogares cuentan con conexión de banda ancha fija[2]. ¿Cómo podemos mejorar esta situación para conectar a todos los latinoamericanos? ¿Qué rol desempeñan los sectores público y privado en la consecución de este objetivo?

Respuesta: El cierre de la brecha digital en América Latina y el Caribe representa un desafío estructural que requiere de iniciativas agresivas por parte de los sectores público y privado en tres áreas.

En primer lugar, es crítico aumentar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en las zonas rurales y aquellos centros urbanos donde se concentra la población de bajos ingresos. El desafío es mayor si se tiene en cuenta que la inversión por habitante en América Latina es la mitad de la realizada por los países de la OCDE, lo que explica además un rezago importante en la expansión de tecnologías digitales como la fibra óptica y redes de última generación en comunicaciones móviles.

En el caso de la fibra óptica, por ejemplo, esta tecnología representa tan solo el 6% de las líneas de banda ancha en la región. En este sentido, es clave repensar el rol de los Fondos de Servicio Universal en el sector TIC para apalancar la inversión pública bajo esquemas de APP, así como el diseño de nuevos modelos desde el sector privado adaptados a la realidad rural y los costos marginales de extender la cobertura.

Nuevas iniciativas de conectividad rural, como la desarrollada bajo el modelo de Internet para Todos (IpT) en Perú, donde una alianza del sector privado (Telefónica, Facebook) y la banca multilateral (BID, CAF), soportadas en un entorno normativo favorable, permitirá expandir las redes de internet móvil a cerca de 4,000 centros poblados del país y beneficiar a más de 8 millones de personas. En segundo lugar, los gobiernos y las empresas del sector enfrentan el desafío de una baja asequibilidad de las canastas de servicios de banda ancha que pueden llegar a representar en promedio entre un 12% y 32% del ingreso de los hogares de la región[3].

Es importante, entonces, impulsar desde el sector público los planes de servicio universal enfocados en la provisión de conectividad en las zonas aisladas, así como repensar las agendas digitales en materia de subsidios para poblaciones de bajos ingresos, adquisición de terminales y planes de alfabetización digital.  Desde el sector privado será clave migrar a modelos ofertas flexibles y adaptadas a la realidad de los hogares y usuarios de bajos ingresos.

En tercer lugar y ligado a los puntos anteriores, se deben promover contenidos, aplicaciones y servicios digitales que abran oportunidades interesantes en materia de inclusión financiera, acceso a servicios de salud, educación, gobierno digital y bancarización. Estos servicios pueden incentivar una mayor escala y uso de la conectividad a internet por parte de la población beneficiada. Para que el sector productivo, consumidores, gobiernos e instituciones públicas, tengan acceso a estos servicios, se requiere de una red de distribución de última milla, pero también promover el desarrollo de aplicaciones y contenidos relevantes que fomenten la demanda.

Avances en plataformas como comercio electrónico, gobierno digital y telemedicina tienden a influenciar la adopción de Internet. Es raro encontrar países avanzados en términos de uso de Internet que no demuestran al mismo tiempo un desarrollo importante en aplicaciones y contenidos locales. Es por ello que el desafío en términos de política pública para promover la digitalización de los hogares no debe solamente enfocarse en factores relacionados con infraestructura y conectividad, sino que se debe impulsar simultáneamente aquellas condiciones que favorezcan el desarrollo y penetración de aplicaciones.

Productividad y digitalización

P.: ¿Cree que la digitalización de procesos productivos y la adopción de tecnologías digitales avanzadas, implicadas en la Cuarta Revolución Industrial, podrían contribuir al crecimiento de la productividad en América Latina?

R.: Así es. Las TIC ya no son simplemente un sector aislado, sino que comienzan a afectar una extensa gama de actividades sociales y procesos productivos. Si bien la digitalización del consumo es un aspecto importante para el desarrollo económico, en el largo plazo es necesario mejorar los niveles de productividad total de los factores que permitan sostener el crecimiento, aumentando así la complejidad económica. Uno de los primeros estudios que se desarrollaron sobre la economía digital en la región[4], donde participamos CAF y la Fundación Telefónica, además de Cepal y el cet.la, mostró que el impacto del capital TIC en la productividad del trabajo fue positivo en todos los países de la región. En términos sectoriales, se destacó el impacto del capital TIC en el sector financiero en Argentina, Chile y México, y en la minería en Brasil y Colombia.

Siendo así, la incorporación de tecnologías para incrementar la productividad de las empresas debe ser uno de los focos de las políticas públicas. Por esto, el seguimiento que hemos hecho en el marco del Observatorio del Ecosistema Digital de CAF revela la magnitud del desafío que enfrentamos en materia de la asimilación de tecnología en los procesos productivos. La región tiene un índice de digitalización de la producción 24% más bajo que la OECD.

Es primordial en este contexto, avanzar en los procesos de digitalización del aparato productivo soportados en redes de banda ancha y sistemas virtuales, como el Internet de las Cosas, sistemas inteligentes, plataformas cloud, Big Data, Analytics, entre otras, para modernizar y transformar los procesos de manufactura, operación y distribución.

Estas infraestructuras son críticas en lo que se refiere a aplicaciones que contribuyen a la digitalización de procesos productivos como la agricultura de precisión, la distribución energética, el transporte y la logística, la manufactura, entre otros, facilitando los encadenamientos productivos y la inserción en las cadenas globales de valor.

Si bien en muchos casos, el sector privado es quien lidera el despliegue de redes de Internet de las Cosas, las políticas públicas tienen un papel importante en temas como normas técnicas para garantizar la interoperabilidad de dispositivos y redes, ciberseguridad, estímulo a la innovación en el desarrollo de equipamiento y aplicaciones, así como en los costos de acceso al espectro, en la medida de que las aplicaciones de IoT demandan altos volúmenes de capacidad en las redes.

Desde CAF, con la participación de Cepal, ASIET, Telefónica y el Consejo Iberoamericano de Competitividad y Productividad, estamos adelantando una iniciativa regional para el desarrollo del Internet Industrial en América Latina y el Caribe que promueva ganancias de productividad sustentadas en la digitalización de los sectores económicos. En una primera fase, hemos decidido iniciar los estudios de cara a implementar esta iniciativa en dos cadenas productivas de Perú, para lo cual se están adelantando las actividades que nos permitan identificarlas.

De izquierda a derecha: Luis Carranza y Eduardo Navarro durante el almuerzo organizado por Telefónica.

La necesidad de implementar reformas

P.: ¿Qué reformas estructurales sería conveniente implementar y en qué ámbitos para potenciar el desarrollo productivo y digital de América Latina? 

R.: A pesar de los avances significativos registrados en América Latina y el Caribe en el curso de los últimos, para alcanzar un nivel de competitividad a escala mundial, la región debe prepararse para construir un ecosistema digital equiparable al que existe en los países desarrollados. Vemos, entonces, la necesidad de implementar reformas en tres frentes.

A nivel institucional, se deben desarrollar políticas públicas y esquemas institucionales para la economía digital, así como avanzar en una revisión de los Fondos de Servicio Universal con miras a cerrar las brechas de cobertura. Igualmente, la región debe abordar medidas que favorezcan un ambiente de convergencia, así como el fortalecimiento de los marcos normativos en materia de privacidad y protección de datos. El esquema institucional debe, por un lado, generar mayor confianza en los usuarios de los servicios digitales para promover una mayor escala en el uso de las plataformas de comercio electrónico a nivel regional. De otro lado, el rol transversal de la digitalización exige un fuerte liderazgo en la implementación y una efectiva coordinación institucional entre las autoridades públicas por la diversidad de acciones y temáticas que confluyen.

En el ámbito de la financiación, además de las reformas necesarias a los esquemas de universalización y masificación del uso de internet, se deben repensar los incentivos para expandir las infraestructuras y las redes móviles avanzadas para cerrar la brecha digital. Acá cabe una revisión a los esquemas de asignación, uso y contraprestaciones del espectro, hasta nuevos modelos de prestación de servicios adaptados a zonas de baja cobertura (redes comunitarias, APP en entornos rurales).

Por último, a nivel municipal, los gobiernos subnacionales pueden implementar acciones administrativas que faciliten el despliegue de infraestructura en los territorios. Muchas normas o reglamentaciones asociadas con licencias, permisos, derechos de vía, entre otros, demoran la ejecución de proyectos de telecomunicaciones. La armonización de los procesos para evitar las solicitudes de multitud de licencias, mapas de infraestructuras, esquemas de compartición de obras civiles, tienen un impacto en la reducción del coste de despliegue.

En paralelo, se debe trabajar en disminuir las barreras institucionales que afectan la integración digital de América Latina y el Caribe y, en últimas, la configuración de un Mercado Regional Digital. El trabajo que adelanta CAF con la CAN y la Alianza del Pacífico en materia de eliminación de los cargos de roaming es crítico en este sentido. Adicionalmente, hemos aportado al debate en materia de coordinación y armonización de normas que faciliten la interconectividad regional y un mayor acceso a las plataformas de acceso a bienes y servicios digitales al interior de los bloques de integración.