En el mes de julio, iniciamos la serie titulada Libro Blanco de la CE, donde presentamos la contribución de Telefónica a la consulta pública del Libro Blanco. Como resultado de esta consulta, la Comisión presentará una propuesta legislativa, la Ley de Redes Digitales, que determinará el futuro de la Unión Europea y del sector de telecomunicaciones en la próxima década a través de un nuevo marco regulatorio.
El primer post analizaba la propuesta de futuro para el sector telco, el segundo post analizaba los nuevos retos a los que se enfrenta la nueva Comisión. El tercero abordó el desequilibrio de Internet y en este cuarto post tratamos el tema de la regulación de acceso.
¿Favorece el modelo actual de regulación ex ante el cumplimiento de los objetivos de la Década Digital en 2030?
Mucho se ha debatido en el último año sobre la autonomía estratégica de la UE y sobre el retraso que el despliegue de redes de nueva generación VHCN (Very High Connectivity Networks) en Europa sufre frente a otras geografías como la china o norteamericana. En este contexto, cada vez cobra más importancia identificar e implantar aquellas políticas y aquel marco regulatorio que permita incentivar la inversión en el sector y favorezca la reducción de la brecha de inversión de cerca de 200 mil millones de euros que la CE ha estimado serían necesarios adicionalmente, para poder alcanzar los objetivos marcados por la CE en su DD (Década Digital) 2030.
De este modo, si se mantiene el actual ritmo de inversión del sector en Europa, faltarían 5,3 puntos porcentuales para cumplir con el objetivo de cubrir el 100% de los hogares europeos con banda ancha fija de velocidades gigabit (VHCN), según los datos que arroja el último informe de la CE sobre “El Estado de la Década Digital”, publicado en julio de 2024.
En el caso del objetivo de cobertura de redes FTTP (Fibre to the premises), esta brecha sería el doble, en concreto, hasta los 10,5 puntos porcentuales. Estos datos evidencian un retraso material frente al objetivo fijado y son un claro ejemplo de que el sector necesita políticas que fomenten la inversión para desplegar este tipo de redes.
¿Qué propuestas permitirían mejorar los incentivos a la inversión del sector?
El problema entre los incentivos a la inversión del sector y el marco regulatorio ha sido analizado dentro del White Paper (WP) que la CE publicó en febrero de 2024. En él, se propone como alternativa para impulsar el despliegue de este tipo de redes, la eliminación de los actuales mercados mayoristas de acceso a fibra (M1 y M2), pudiendo quedar únicamente sujeto a obligaciones ex ante, el mercado de infraestructura civil y junto con la flexibilidad en precios recogida en la Recomendación Gigabit.
Esta propuesta a nuestro entender debería ser mucho más ambiciosa para poder acometer con garantías la reducción de la brecha de inversión puesto que, a pesar de la eliminación de los mercados relevantes, los reguladores tendrían la posibilidad de intervenir en los mercados con la aplicación de los 3 criterios y por tanto podrían analizar los posibles problemas de competencia de forma muy similar a como lo hacen ahora (identificación operador SMP e imposición de obligaciones ex ante).
Un ejemplo práctico de que el enfoque propuesto en el WP no supondría un cambio material al enfoque actual ni aportaría los incentivos a la inversión necesarios, es lo sucedido con el mercado mayorista 3b en España (bitstream).
Este mercado fue eliminado de la lista de Mercados relevantes por parte de la CE en 2020 y, sin embargo, en el análisis de mercado llevado a cabo por la CNMC en 2021, se determinó la necesidad de que este mercado siguiera regulado y todo ello a pesar de la activa competencia a nivel mayorista de fibra existente entonces entre los diferentes operadores. Por ello, a pesar de la simplificación de la lista de mercados relevantes propuesta, los reguladores seguirían manteniendo la posibilidad de intervenir ex ante en los mercados y, por tanto, continuaría la dinámica competitiva actual, aunque más importante, sin cambios significativos en la certidumbre regulatoria ni en los incentivos a invertir para los operadores.
Hacia un nuevo enfoque regulatorio del sector de las telecomunicaciones
En el reciente Informe Draghi, donde se aborda cómo mejorar la competitividad de la industria europea y en concreto, deja patente que la fragmentación, que el sector Telco europeo ha sufrido en la última década, ha sido producto de la aplicación de una política regulatoria y de competencia artificial que en absoluto ha incentivado la inversión por parte de los operadores.
En el informe se hace una apuesta decidida sobre cómo se ha de orientar la regulación en el sector telco abandonando la regulación ex ante a nivel nacional dado que ésta desincentiva la inversión e incrementa los riesgos.
En su lugar, propone la aplicación de una política ex post (actual ley de competencia) para los casos donde se identifique un abuso de posición dominante o cualquier otro comportamiento anticompetitivo. En este sentido, el mercado español, atendiendo a los despliegues de fibra tan relevantes por parte de multitud de agentes, debería ser sin lugar a duda pionero en este cambio de enfoque y modelo regulatorio.
Con esta base y en línea con el informe Draghi, el actual modelo regulatorio basado en el análisis de los mercados relevantes y la identificación de un operador SMP sobre el que recaen obligaciones ex ante, ni facilita la creación de un ecosistema donde se pueda desarrollar una competencia en infraestructuras sostenible ni tampoco favorece el incentivo a la inversión privada para el despliegue de redes de fibra.
De la regulación ex ante a un modelo competitivo basado en el derecho de la competencia
Por ello es necesario dar un cambio profundo en el enfoque del modelo regulado de acceso a redes de fibra. Si realmente se quiere incentivar la inversión privada en redes de fibra para acelerar su despliegue, es necesario abandonar la actual regulación ex ante y migrar a un modelo en el que la aplicación del derecho de la competencia (ex post) complementado con una aplicación eficiente del marco horizontal que la Gigabit Infrastructure Act (GIA) proporciona para garantizar el acceso a infraestructura civil, serían suficientes para garantizar la competencia minorista en el sector.
Únicamente cuando en el mercado mayorista se den ciertas condiciones que permitan que la presencia de un cuello de botella sea perdurable en el tiempo o no se den las condiciones adecuadas para una competencia en infraestructuras con un enfoque prospectivo, se podría contemplar la intervención regulatoria.
En este sentido, la presencia de una oferta competitiva activa de fibra a nivel mayorista garantizaría la competitividad a nivel minorista, pudiéndose eliminar las obligaciones ex ante en esa geografía. Cuando exista una oferta mayorista activa competitiva, que permita a terceros competir en el mercado minorista con una oferta nacional, las obligaciones ex ante deben abandonarse y el mercado deberá regirse únicamente por la aplicación de derecho de competencia y la GIA.
En aquellas geografías donde terceros no puedan acceder a una oferta mayorista activa competitiva ni la GIA garantice la competencia en infraestructuras, se contemplaría la intervención regulatoria que debería ir enfocada a la imposición de ofrecer una oferta mayorista competitiva por parte del operador que gestiona el cuello de botella de la red.
En el próximo post profundizaremos sobre si el modelo regulatorio limita la innovación del sector telco.
