En el mes de julio, iniciamos la serie titulada Libro Blanco de la CE, donde presentamos la contribución de Telefónica a la consulta pública del Libro Blanco. Como resultado de esta consulta, la Comisión presentará una propuesta legislativa, la Ley de Redes Digitales, que determinará el futuro de la Unión Europea y del sector de telecomunicaciones en la próxima década a través de un nuevo marco regulatorio.
El primer post analizaba la propuesta de futuro para el sector telco, el segundo post analizaba los nuevos retos a los que se enfrenta la nueva Comisión. El tercero abordó el desequilibrio de Internet y el cuarto post tratamos el tema de la regulación de acceso. En este quinto post profundizamos sobre sobre si el modelo regulatorio limita la innovación del sector telco.
El impacto de la regulación en la innovación
Es generalmente aceptado y conocido, tanto en la academia como por los emprendedores, que la regulación limita la innovación. A nivel teórico, el economista Israel Kirzner describe como la regulación distorsiona el proceso competitivo de formas no deseadas para la sociedad, principalmente al inhibir la innovación en aquellos aspectos que limita. Desde el mundo empresarial, personajes tan prestigiosos como Eric Schmidt (ex CEO de Alphabet), Peter Thiel (fundador de Paypal) o Satya Nadella (actual CEO de Microsoft) han mostrado su preocupación al respecto.
Innovación y regulación de redes digitales
Uno de los aspectos más insidiosos de la regulación son sus consecuencias inesperadas. Reglas que aparentemente suponen escasa limitación a la actividad emprendedora, se vuelven tremendos obstáculos cuando cambia el entorno y las preferencias de la sociedad.
Al mismo tiempo, muchos de los efectos de la regulación no son visibles, puesto que lo que han ocasionado es la inhibición de la creatividad, y nadie podrá saber nunca aquello que nadie creó por haberse regulado sus condiciones.
En el contexto de la revisión del White Paper de la CE sobre redes digitales, conviene recordar estas enseñanzas, que obligan, no solo a ser cauto a la hora de establecer nuevas regulaciones que interfieren con el mercado, sino a ir más allá e incluso plantearse la eliminación de normas obsoletas a la vista de la situación actual. En la Unión Europea se está demostrando que es muy fácil introducir nuevas regulaciones en el mercado, pero resulta prácticamente imposible eliminarlas una vez pierden razón y vigencia. Sin embargo, estas regulaciones obsoletas siguen interfiriendo de formas inesperadas con la innovación de los agentes en el sector.
Efectos de la Regulación de Internet Abierta
En el mercado de telecomunicaciones, por ejemplo, tenemos el Reglamento de Internet Abierta (RIA u OIR-Open Internet Regulation) que, con la disculpa de asegurar la neutralidad de red, impide de facto a los operadores la gestión de la red para adaptar su uso a lo que demanden en cada momento sus usuarios.
Desde el principio, la academia advirtió sobre los efectos que las reglas sobre Neutralidad de Red tendrían sobre la innovación de los operadores de telecomunicaciones, pero no han empezado a observarse hasta hace relativamente poco tiempo. El caso más llamativo fue y sigue siendo la prohibición de servicios en zero-rating para los usuarios, consecuencia de la interpretación que hizo del Reglamento el Tribunal de Justicia. En ninguna otra jurisdicción está prohibido este tipo de servicio que es claramente beneficioso para los usuarios.
Más aún, en la actualidad los esfuerzos de muchos operadores para innovar usando el potencial que dan las redes 5G se ven dificultados enormemente por la incertidumbre asociada al RIA.
Nadie quiere ser el primero en lanzarse a unas inversiones que posteriormente puedan ser devaluadas por una interpretación restrictiva de la citada norma. El ejemplo más destacado es el del network slicing, técnica mediante la cual se pueden crear redes virtuales adaptadas a necesidades muy específicas tanto de empresas como de usuarios finales, apenas visible en Europa, pero ya dando mucho juego en China y los Estados Unidos.
La norma citada se promulgó en un contexto en que parecía que los operadores de telecomunicaciones podrían actuar como gatekeepers de la sociedad de la información. Casi 10 años después, la situación no tiene nada que ver con la que supuestamente justificó dicha regulación, y son otros agentes los que se han erigido como tales.
Siendo esto muy grave para el futuro del sector, en la medida en que limitaría el potencial de rentabilizar las inversiones realizadas en espectro, equipos y desarrollo tecnológico y comercial, y también para la sociedad europea y sus empresas, que quedarían relegadas una segunda división frente a otras regiones al no beneficiase de los avances tecnológicos que 5G y network slicing proporcionan.
En este contexto, la Comisión Europea debe desarrollar unas Guías de interpretación de la RIA más flexibles y ajustadas a las necesidades y realidades del ecosistema digital, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica necesaria para la innovación en el desarrollo de propuestas comerciales que aprovechen todo el potencial que presentan 5G y network slicing. Todo Ello, en línea con las directrices adoptadas por el regulador OFCOM, en UK.
Efectos de la Regulación de ePrivacy
Si estos son los efectos de una norma obsoleta como la RIA promulgada hace casi 10 años, es fácil imaginar lo demoledores que pueden ser los de otra con más de 22 años, establecida en un contexto en que ni siquiera era imaginable la existencia de los que ahora llamamos Gatekeeper.
Sin embargo, este es el caso de la Directiva de ePrivacy, en la que se ponían límites estrictos a lo que los operadores de telecomunicaciones podían hacer con los datos de sus clientes para el suministro de servicios innovadores. Todas las empresas, tanto operadores de telecomunicaciones como empresas del ecosistema digital, están sometidas al cumplimiento del Reglamento General Del Protección de Datos o GDPR aprobado en 2016. Además, los operadores telco han de cumplir con obligaciones adicionales impuestas en materia de privacidad por la Directiva de ePrivacy de 2002. Esta doble regulación del sector de telecomunicaciones afecta a la competitividad global de las empresas europeas frente a sus homólogos internacionales, y frente compañías del ecosistema digital -solo obligadas al cumplimiento de la reglamentación horizontal del GDPR-.
La Directiva de e-privacy impone restricciones que limitan la flexibilidad y el uso de metadatos, cruciales para la innovación en redes inteligentes, servicios de 5G, y aplicaciones en el Internet de las Cosas (IoT). Según la GSMA y Connect Europe, las actuales normas de e-Privacy hacen énfasis en el consentimiento estricto, limitando la posibilidad de procesar datos que podrían ser utilizados de forma innovadora y segura.
En concreto, Open Gateway ofrece una vía para que operadores y desarrolladores puedan colaborar en la creación de servicios innovadores a través de interfaces abiertas y compartidas. Sin embargo, el Reglamento e-Privacy exige el consentimiento explícito, sin permitir otras bases legitimadoras como si hace el GDPR, lo que implica que los operadores deben limitar el acceso a ciertos datos o pedir autorización cada vez que desean compartir información con aplicaciones externas. Esto limita el potencial de Open Gateway como plataforma para experimentación y desarrollo ágil de nuevas aplicaciones, ya que el proceso de obtención de consentimiento puede ser complejo y desincentivar el uso de soluciones de Open Gateway, ralentizando el avance de la innovación.
La recopilación y el análisis de datos de usuario permiten a las telecomunicaciones personalizar sus servicios y optimizar la experiencia del cliente. No obstante, el cumplimiento del e-Privacy restringe las posibilidades de aprovechar estos datos. Las telecos europeas enfrentan mayores barreras para realizar innovaciones en servicios de personalización avanzada, como el uso de inteligencia artificial o en el ámbito de IoT, como el análisis predictivo para mantenimiento de infraestructura o la optimización de recursos energéticos, donde el acceso a datos en tiempo real es clave para su funcionamiento.
Adicionalmente, la necesidad de cumplir con el e-Privacy a través de procesos exhaustivos y a menudo costosos para el tratamiento de datos puede disuadir a nuevos actores de colaborar con las telecos, dado que los trámites burocráticos ralentizan el proceso de desarrollo y aumentan los costes. Esto coloca a las telecos europeas en una desventaja frente a otros mercados más flexibles, donde los desarrolladores pueden probar y desplegar rápidamente servicios digitales avanzados sin las mismas barreras regulatorias.
En este sentido, el sector requiere la eliminación de esta lex specialis -ePrivacy-, que únicamente aplica al sector teleco europeo, de forma que solo esté sometido la regulación horizontal (GDPR).
En definitiva, una de las prioridades de la futura Digital Networks Act debe ser fomentar la innovación dentro del sector de las telecomunicaciones ,en el contexto de las recomendaciones de los informes Letta y Draghi. Esto significa asegurar que la normativa obsoleta no produzca consecuencias indeseadas en el funcionamiento del mercado de telecomunicaciones, limitando la capacidad de innovación y sin generar beneficios apreciables a cambio. Urge, por tanto, que la Comisión Europea derogue la directiva ePrivacy y elabore unas guías de interpretación de la RIA que mejoren la seguridad jurídica de nuevos servicios basados en 5G y network slicing.
Europa no tiene tiempo que perder; la innovación no espera, y se desarrollará en las regiones cuyo régimen regulatorio no la limite. ¿Queremos que sea Europa motor y beneficiario de la innovación?
En el próximo post profundizaremos sobre porque la Taxonomía puede llegar a ser una herramienta clave para movilizar inversiones en redes más eficientes y alinear los objetivos digitales-verdes de la Unión Europea.
