Ana Velázquez Palomera
Jefe de Análisis de Políticas Públicas. Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica
Las normas por las que hoy se rigen los servicios digitales fueron creadas en un momento en que Internet estaba dando sus primeros pasos. Su uso se restringía a unos cuantos servicios novedosos y su impacto en la vida cotidiana era muy limitado. Hoy, Internet constituye uno de los principales lugares de interacción entre administraciones, ciudadanos y empresas y un importante canal para la comunicación. Sin embargo, las reglas del juego en el ecosistema digital permanecen inalteradas.
Cuando el sector de las telecomunicaciones se abrió a la competencia en los años 90, Europa creó un marco regulatorio centrado en la protección de los derechos de los usuarios y en la salvaguarda de la competencia, basado en la imposición de obligaciones sectoriales.
Para la imposición de esas obligaciones sectoriales, el regulador de los años 90 recurrió al criterio del “transporte de señales”. Este criterio fue el que determinó qué servicios eran servicios de comunicaciones electrónicas y, por tanto, dada su importancia como elemento clave para la cohesión social y en aras de la protección de los derechos de los ciudadanos y la defensa del interés general, debían estar sometidos a una estricta regulación sectorial. Frente a ellos quedaban los servicios de la sociedad de la información, que no involucraban el transporte de señales, y que por lo tanto, quedaban fuera de esa regulación sectorial.
Este es el origen de la dualidad normativa existente en la actualidad. Con el auge de la vertiente comercial de Internet, ha surgido un nuevo ecosistema digital, que ha transformado profundamente la situación competitiva de la mayoría de los sectores económicos. La cadena de valor de Internet ha evolucionado y ha dado lugar a la aparición de numerosos servicios de comunicaciones que se prestan a través de Internet, que no involucran el transporte de señales, pero que compiten directamente con aquellos que constituían el negocio principal de los operadores tradicionales.
Esta diferenciación entre servicios de comunicaciones electrónicas y de la sociedad de la información, ha quedado superada por la evolución tecnológica y por la revolución de Internet, lo que plantea el debate sobre la conveniencia de mantener la actual asimetría regulatoria.
Resulta evidente que el consumidor de servicios digitales es el mismo usuario cuando manda un SMS que cuando envía un WhatsApp y, por lo tanto, cabe cuestionarse porqué sus derechos no son los mismos. Obligaciones como la transparencia o la calidad del servicio solo aplican a los operadores de telecomunicaciones y no a otros prestadores de servicios de mensajería.
Otro aspecto igualmente controvertido es la interoperabilidad. El uso de estándares en la telefonía tradicional permite que, por ejemplo Skype pueda realizar llamadas a números de la red telefónica tradicional pero, sin embargo, no es posible establecer comunicaciones en sentido inverso, ni tampoco entre suscriptores de Skype y, por ejemplo, FaceTime. Lo mismo ocurre con los servicios de mensajería. WhatsApp, Viber o Line sólo funcionan entre usuarios del mismo servicio. Esto se produce porque existe una obligación de interoperabilidad que aplica a los operadores de comunicaciones electrónicas y que, sin embargo, no aplica a los prestadores de servicios Over the Top (OTT).
En muchas ocasiones, el usuario ni siquiera es consciente de las diferencias que para él comporta la elección de uno u otro servicio. ¿Sabe, por ejemplo, un usuario medio que si contrata el servicio de acceso a Internet -fijo o móvil- sin suscribirse a servicios de telefonía vocal no podrá realizar llamadas de emergencia?
La experiencia nos demuestra que el usuario muchas veces no es capaz de conocer la naturaleza de quien le presta el servicio. Así lo pone de manifiesto el incremento notable en el volumen de llamadas en el servicio de atención al cliente de los operadores que se produce ante una caída en el servicio de, por ejemplo, WhatsApp. Esta paradójica situación se debe a que, una vez más, la obligación de poner a disposición de los usuarios finales medios eficaces de atención al cliente (por ejemplo, un call center) son exigibles, únicamente, a los operadores de telecomunicaciones.
La evidencia de estas asimetrías pone de manifiesto la dificultad del marco regulatorio actual, concebido en un contexto histórico y tecnológicamente diferente al actual para asegurar el cumplimiento de los principios en los que se sustenta: la protección de los derechos del usuario, la defensa del interés general, y la competencia justa entre diferentes agentes.
La necesidad de buscar una solución a estas asimetrías regulatorias ha constituido (y constituye) uno de los principales y más intrincados retos para los reguladores. La demanda de un terreno de juego equilibrado en el ecosistema digital se ha convertido en uno de los temas más debatidos en los últimos años, especialmente a medida que los nuevos servicios avanzan colonizando todos los eslabones de la cadena de valor y las asimetrías se hacen más evidentes, poniendo en peligro el propio fundamento regulatorio.
Fundación Telefónica, continuando con el compromiso de contribuir al análisis y el contraste de posiciones en los temas más relevantes de la actualidad digital, consideró prioritario adentrarse en el estudio de esta materia. Por ello, contando, como en anteriores ocasiones, con la participación de autores y expertos de reconocida solvencia, tanto del ámbito científico-académico como del mundo de la empresa, y bajo la coordinación de la Universidad Politécnica de Madrid, ha publicado un nuevo libro titulado “Las reglas del juego en el ecosistema digital_ Level playing field”.
En esta nueva publicación se pretende, partiendo del análisis de la normativa regulatoria europea, analizar y comprender los retos a los que se enfrenta la regulación actual para conseguir mantener la protección de los derechos de los usuarios inalterada con independencia del tipo de servicio que elijan. Para ello, se realiza un examen de las consecuencias que tiene, para los usuarios y también para el ecosistema digital en su conjunto, la existencia de distintos regímenes normativos aplicados a servicios sustitutivos; para, finalmente, sugerir posibles soluciones basadas en la premisa “mismos servicios, mismas reglas, misma protección”.
Durante el mes de junio analizaremos aquí los aspectos más relevantes tratados en este libro.