Profesora e investigadora, Universidad Politécnica de Madrid
Una de las características de Internet más apreciadas por los ciudadanos es su carácter global. Vivimos en un mundo organizado en territorios físicos aunque cada día exista, para un mayor número de ciudadanos del planeta, también, una vida en el ecosistema digital. Cuestiones tan relevantes en nuestro día a día como la seguridad, la privacidad o los servicios públicos a los que accedemos los ciudadanos por el hecho de vivir en un determinado territorio, están ordenados en un marco legal y normativo que en muchos países, afortunadamente, garantiza los derechos y libertades de la ciudadanía. Este marco configura un entorno estable, pacífico y ordenado, en beneficio de toda la sociedad donde los ciudadanos pueden ejercer sus derechos en ese territorio o espacio físico. Sin embargo, cuestiones tan esenciales como las mencionadas, en el ámbito digital no están aún desarrolladas.
Las razones que explican esta asimetría son fáciles de entender si pensamos en el carácter global del ecosistema digital y las fronteras de los estados soberanos.
La problemática de la extraterritorialidad es amplia, y se remonta a milenios de antigüedad. No obstante, en nuestros días el ecosistema digital ha supuesto tal disrupción, que la cuestión de la extraterritorialidad, en ámbitos como la ciberseguridad o la privacidad, ha pasado a afectar de forma directa prácticamente a cualquier persona. Numerosos sucesos acaecidos en los últimos años, vinculados con la seguridad en la red y la pérdida de privacidad, han despertado las conciencias de muchos usuarios.
La problemática se ha hecho más compleja cuando los ciudadanos y algunos gobiernos han empezado a preguntarse, además, sobre el uso de los datos de carácter personal, que a través de diversas aplicaciones o servicios, algunas organizaciones y empresas están haciendo, o pudieran realizar en un futuro.
Estas son solo algunas de las cuestiones de discusión en la actualidad, relacionadas con la problemática de la extraterritorialidad, sobre las que la opinión pública de todo el mundo comienza a prestar atención.
Otra cuestión relevante, no menor que las señaladas anteriormente, es la ordenación de las actividades económicas que se realizan en el ecosistema digital, especialmente en el caso del comercio electrónico, donde, sin entrar en las actividades ilícitas, es posible, y cada vez más frecuente, que los agentes involucrados en las transacciones operen en distintos países sin que exista una presencia física de la empresa en el país donde se ofrece el servicio. Este escenario cada día más habitual, está generando una problemática en materia de resolución de conflictos en las transacciones y, también, en los aspectos impositivo y fiscal, por los efectos y las dimensiones que está alcanzando en la actualidad.
Una primera consecuencia de la ausencia de una armonización en materia fiscal a nivel global es la disminución de los ingresos de las administraciones públicas del país. Esto repercute directamente en el sostenimiento del estado de bienestar del que disfrutan sus ciudadanos. Pero, también, por las asimetrías regulatorias que se producen, distorsionado las cuentas de resultados de muchas empresas ubicadas en el país en cuestión, sujetas frecuentemente a regulaciones económicas, técnicas o medioambientales, y que compiten, además, en el ecosistema digital con agentes, que por el carácter global del entorno, el tipo de servicio y la problemática de la extraterritorialidad, no están obligados a asumir determinadas normativas o legislación.
La situación puede agravarse en el futuro con un problema añadido a la pérdida de recursos económicos con los que sostener la financiación de los servicios públicos como es, además, la imposibilidad de lograr una redistribución más equitativa de la renta y la riqueza del país. Para las empresas asentadas en el territorio, la pérdida de competitividad frente a nuevos agentes ubicados globalmente puede suponer la deslocalización del tejido productivo y la pérdida de oportunidades de crecimiento si no se reacciona a tiempo.
El ecosistema digital es lo suficientemente rico e innovador para permitir el crecimiento global y aumentar el bienestar de todos los ciudadanos. Este se sostiene gracias al esfuerzo colectivo de todos los contribuyentes, ciudadanos, sociedades y empresas en un territorio.
La cuestión de la extraterritorialidad de las actividades en el entorno digital es diversa y presenta una complejidad creciente. Dada su relevancia, está llamada a ocupar un mayor espacio público de debate en el que participen los distintos agentes en el ecosistema digital para buscar soluciones de consenso a los nuevos desafíos globales. Estas cuestiones deben ser resueltas dentro de un marco legislativo y regulatorio de cooperación internacional.
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