La utilización y distribución sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor tiene una larga historia que precede incluso a la invención del cine y la música grabada.
La piratería es una práctica que ha estado socialmente aceptada y tímidamente perseguida por las autoridades. No existe una concienciación real sobre los estragos que causa a la industria creativa y a la desmotivación que provoca en los creadores de este importante sector cultural.
Los daños de la piratería a la industria creativa
Recordamos episodios sonados de piratería como el de la plataforma de intercambio de archivos de música Napster. Napster, que llegó a tener 80 millones de usuarios mensuales, fue capaz de poner en jaque a la potente industria musical. Ante la avalancha de requerimientos por la violación de derechos de autor, la plataforma de intercambio de música implementó un filtro para bloquear, en un plazo máximo de 72 horas, las canciones que no estaban autorizadas por los autores. Pero, al no poder demostrar la efectividad de este mecanismo, fue finalmente condenada al pago de 26 millones de dólares a la industria y al cese de su actividad.
Tras un replanteamiento de la actividad empresarial y accionarial, Napster pasó a convertirse en un servicio de música en streaming bajo un modelo de suscripción que nada tenía que ver con su modelo inicial. Sin embargo, este nuevo modelo ya había sido replicado por muchas otras empresas, no solo por la industria musical.
A principios de año, conocimos que el sitio web de imágenes de archivo Getty Images, había decidido demandar a la empresa Stability AI. Alegó que había utilizado sin permiso 12 millones de imágenes suyas protegidas por derechos de autor para entrenar su modelo de Inteligencia Artificial Stable Diffusion.
Son muchos los ejemplos que podríamos referenciar para poner de manifiesto los daños, difícilmente reparables, que la piratería causa a la industria creativa. Una industria que representa más del 3% del PIB mundial.
La piratería en una sociedad tecnológica y digitalizada
Esta práctica ilegal siempre se ha revelado como un reto polifacético muy complejo de resolver. Requiere de esfuerzos combinados de las distintos agentes: autoridades, plataformas, usuarios y las entidades que gestionan los derechos de propiedad intelectual.
Hoy la piratería se ha sofisticado mucho. Principalmente, gracias a la tecnología de que disponen los piratas que se traduce, entre otras cosas, en una mayor calidad de los contenidos ilegales que se emiten o reproducen y que hace que muchos consumidores sigan apostando por estas opciones. En algunos casos, incluso sin ser conscientes de que no están consumiendo contenido legal.
Pero estos avances tecnológicos también están facilitando, a quienes tienen la obligación de combatir esta práctica ilegal, la implementación de mecanismos que permiten detectar y retirar contenidos no autorizados de sus plataformas. Eso sí, con el elevado coste que conlleva su adquisición.
Concienciación social
Todavía hay que avanzar mucho en lo que se refiere a la concienciación social de este delito. Por ejemplo, numerosos estudios demuestran que aquellos usuarios que hacen un mal empleo de las cuentas compartidas que ofrecen muchas plataformas audiovisuales o musicales, no se consideran piratas porque ya hay “alguien” que está pagando por ellas.
La emisión por parte de plataformas piratas de eventos ilegales en directo es especialmente sangrante en materia deportiva. Es muy relevante destacar que el coste de adquisición de las licencias deportivas es elevadísimo. Piratear estos contenidos produce una importante merma de los ingresos de los titulares de esos derechos deportivos.
Riesgo de fragmentación de la regulación
En la actualidad, el mayor condicionante para luchar contra la piratería de contenidos es común a todos los intermediarios y se encuentra en la necesidad de estandarizar los protocolos que determinan la actuación ante un requerimiento o notificación de cese de esa actividad ilícita. Y no hablamos tanto de una cuestión técnica sino del condicionante regulatorio que esté vigente, tanto a nivel nacional como internacional.
A pesar de la normativa europea que nos ha permitido avanzar en materia de antipiratería con herramientas legislativas como la Directiva InfoSoc de 2001, la Directiva IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) de 2004 o la Directiva de Copyright de 2019.
La ausencia de protocolos de actuación a nivel de la Unión Europea está provocando que algunos Estados miembros adopten prácticas a nivel nacional. Ejemplo de ello es el reciente acuerdo sectorial alcanzado por los proveedores de servicios de Internet en Francia. Aunque están demostrando su utilidad y eficacia en la lucha contra la piratería de acontecimientos deportivos en directo, también representan un riesgo de fragmentación europeo. Podría dificultar las necesarias acciones coordinadas en un entorno, el digital, en el que las barreras jurisdiccionales se difuminan muy a menudo.
Iniciativas para luchar contra la piratería a nivel europeo
Las instituciones europeas son conscientes de la necesidad de proveer de herramientas y estándares comunes para la lucha contra la piratería. están adoptado acciones que sin duda van en la dirección de coordinar esfuerzos entre los distintos actores para acabar con esta actividad delictiva
El Parlamento Europeo, con la reciente aprobación de la Ley de Servicios Digitales en noviembre de 2022, ha impuesto nuevos mecanismos que permiten a los usuarios señalar contenidos ilícitos en línea. Asimismo, permite a las plataformas cooperar con «alertadores fiables» especializados para detectar y eliminar contenidos ilícitos con las garantías necesarias.
El 19 de mayo de 2021, el Parlamento Europeo aprobó un Informe en el que solicitaba a la Comisión Europea que propusiera medidas concretas adaptadas específicamente a los eventos deportivos en directo, que permitieran la retirada inmediata o la inhabilitación del acceso a contenidos ilegales inmediatamente después de la recepción de la notificación y, a más tardar, 30 minutos después del inicio del evento.
Como resultado, la Comisión Europea lanzó el pasado 3 de mayo una serie de Recomendaciones sobre la piratería de contenidos en directo, teniendo en cuenta las características únicas de dichas retransmisiones y su impacto social y económico. A pesar de las expectativas creadas respecto a un calendario más concreto, la respuesta de la Comisión no ha sido especialmente ambiciosa. Establece un periodo de seguimiento de las citadas recomendaciones que nos parece excesivamente largo. Si las Recomendaciones no protegen eficazmente nuestras industrias creativas y deportivas europeas, se adoptarán medidas adicionales -que incluyen legislación- después de este periodo de seguimiento.
Confiamos en que la invitación de la Comisión al Observatorio de la EUIPO para ayudar a supervisar los efectos de esta Recomendación sobre la piratería en línea de los deportes y otros acontecimientos en directo ayudará a evaluar los resultados de esta Recomendación.
El valor de la cooperación público-privada
Es imprescindible no bajar la guardia ante la piratería. Todavía hay muchos frentes abiertos, como la publicidad que importantes marcas comerciales insertan en webs piratas -financiando con ello esta actividad ilícita-, que deben ser abordados cuanto antes.
Internet ha abierto las puertas a la democratización del conocimiento, de los contenidos creativos y culturales que hoy tienen a su disposición todos las personas con acceso a la red. La protección de los derechos de autor de estos contenidos es una tarea que requiere de un esfuerzo conjunto público-privado. Esta cooperación es esencial dada la complejidad de un fenómeno que impide que los creadores vean compensados los esfuerzos (y los recursos) invertidos en su trabajo. Al mismo tiempo, los estados ven mermadas sus arcas públicas porque dejan de ingresar los impuestos derivados de los contenidos pirateados.
Según la consultora Grupo Ático34, solo en 2021, la cantidad de contenidos pirateados o adquiridos de forma ilegal llegó a los 5.334 millones. Esto equivale a un valor de mercado de 32.492 millones de euros.
Desde Telefónica compartimos que los principios básicos respecto a las actividades en Internet no deben diferir de los aplicados fuera de línea. Esto es debido a que no existe derecho de apropiación de los productos y servicios prestados por terceros ni en Internet ni fuera de la red. Por ello, damos la bienvenida a todas aquellas medidas de las instituciones europeas dirigidas a la protección de las obras de autores y creadores.
