La crisis del COVID-19 ha acelerado la tendencia a la transformación digital de nuestras sociedades, economías y empresas. Y lo más importante es que el uso de la tecnología en la cadena de suministro, la producción, la logística y los servicios de postventa ha sido esencial para evitar la quiebra de muchas empresas. Hemos aprendido la lección: las empresas que cuentan con la tecnología adecuada para sus servicios y productos han podido continuar su actividad y mantener el empleo.
En el centro de toda esta tecnología se encuentran los datos y, por tanto, los datos están también en el centro de la transformación digital de Europa. Esta es la razón por la que la ambiciosa Estrategia de Datos presentada por la Comisión Europea el 19 de febrero cobra aún más importancia. La recuperación de la economía tras un bloqueo sin precedentes dependerá de dicha transformación digital a medio y largo plazo.
La Estrategia Europea de Datos pretende desarrollar un modelo de liderazgo europeo para que tanto el sector público como privado puedan tomar mejores decisiones en base a los datos y beneficiar así al conjunto de la sociedad.
La creación de un verdadero mercado único de datos permitirá que estos fluyan libremente dentro de la UE: entre los distintos sectores en beneficio de las administraciones públicas, los investigadores, las empresas y, lo que es más importante, de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. El objetivo de aprovechar al máximo la innovación impulsada por los datos debe hacerse siguiendo una «vía europea», es decir, priorizando a las personas de conformidad con los valores, los derechos fundamentales y las normas europeas. La Comisión cree que esta es la manera de garantizar la soberanía digital de la UE a largo plazo.
Para lograr este objetivo, la Comisión identifica algunas barreras que están impidiendo a Europa desarrollar todo su potencial en la economía de los datos y que deberán ser abordados.
En primer lugar, la disponibilidad de datos. El valor de los datos radica en su uso y reutilización. Sin embargo, actualmente no hay suficientes datos disponibles para una reutilización innovadora. La Comisión aborda tres escenarios: de Gobierno a Empresa (G2B), de Empresa a Empresa (B2B) y de Empresa a Gobierno (B2G).
El objetivo de abrir los datos de la administración pública al sector privado (G2B) es una política de la Unión Europea de largo recorrido, que se remonta a la antigua Directiva sobre información del sector público de 2003. Este marco jurídico se ha revisado recientemente con la aprobación de la Directiva relativa a los datos abiertos (Open Data Directive) para alentar a los Estados miembros a poner a disposición del sector privado la mayor cantidad posible de datos del sector público para su reutilización.
Por otra parte, el intercambio de datos entre empresas privadas (B2B) no ha despegado a escala suficiente. Ello es debido a la falta de confianza entre los operadores económicos, los desequilibrios en el poder de negociación y la falta de seguridad jurídica.
A su vez, actualmente hay pocos planes sostenibles de intercambio de datos, salvo algunas excepciones positivas, que incentive a los gobiernos a elaborar políticas públicas basadas en datos proporcionados por el sector privado (B2G). Esto se manifiesta nuevamente con la crisis del covid-19, que podría haberse controlado mejor si hubieran existido de antemano iniciativas sostenibles de intercambio de datos entre las empresas y los gobiernos. Lamentablemente, con frecuencia el intercambio de datos se produce después de que se produce una necesidad o una crisis particular, y con mucha presión de tiempo. La crisis del Covid-19 debería hacer que los gobiernos comprendieran que pueden elaborar políticas públicas más eficientes con la ayuda de los datos.
En segundo lugar, destacan los desequilibrios de mercado en relación con el acceso a los datos y su utilización. La Comisión menciona el caso de las grandes plataformas online, donde un pequeño número de actores acumulan grandes cantidades de datos, que les permiten obtener información muy importante y ventajas competitivas a partir de los datos que poseen. El alto grado de poder de mercado resultante de la «ventaja en materia de datos» puede permitir a los gigantes digitales establecer las normas de la plataforma e imponer unilateralmente condiciones para el acceso y utilización de los datos o, de hecho, aprovechar esa «ventaja» al desarrollar nuevos servicios y expandirse hacia nuevos mercados.
Otras cuestiones señaladas por la Comisión son la interoperabilidad y la calidad de los datos, la gobernanza de los datos, las infraestructuras y tecnologías de los datos, el empoderamiento de las personas, de las habilidades (digital skills) y de la ciberseguridad.
Fuente: Comisión Europea (2020)
Para abordar los problemas identificados, la Estrategia de Datos propone una hoja de ruta de iniciativas políticas en torno a cuatro pilares.
- Un marco de gobernanza intersectorial para el acceso y la utilización de los datos
- Facilitadores (enablers) – Inversiones en datos y fortalecimiento de las capacidades e infraestructuras de Europa para el alojamiento, el procesamiento y la utilización de datos, interoperabilidad.
- Competencias – Empoderamiento de los individuos, inversión en cualificaciones y en PYMES
- Espacios de datos europeos comunes en sectores estratégicos y ámbitos de interés público
El primer pilar implica, en general, el mayor número de iniciativas legislativas, que incluye un marco legislativo para la gobernanza de los espacios comunes de datos europeos que propondrá la Comisión a finales de 2020. Esas estructuras e instituciones de gobernanza a nivel nacional y de la UE deberían apoyar las decisiones sobre qué datos pueden utilizarse, cómo, por quién y en qué situaciones. También debería facilitar la utilización transfronteriza de los datos y dar prioridad a los requisitos y normas de interoperabilidad dentro de los sectores y entre ellos.
En 2021, la Comisión propondrá normas sobre los datos del sector público, desarrollando la reciente Directiva sobre datos abiertos (Open Data Directive). Con ello pretende que los datos clave del sector público de gran valor estén disponibles para su reutilización en toda la UE de forma gratuita, en un formato legible por máquinas y con interfaces de programación de aplicaciones (API) normalizadas.
La Estrategia también anuncia una posible Ley de datos (Data Act) que podría ser propuesta por la Comisión en 2021. Su objetivo sería incentivar el intercambio horizontal de datos entre empresas (B2B) y entre el sector privado y las administraciones públicas (B2G). El intercambio voluntario de datos debería ser el principio general, pero la Comisión evaluará si, en circunstancias específicas, el acceso a los datos debería ser obligatorio. La Comisión también abre la puerta a una posible legislación para el intercambio de datos entre empresas y administraciones (B2G) para el interés público, a la luz de las recomendaciones del Grupo de Expertos sobre el intercambio de datos B2G, que se publicaron el mismo día.
La Comisión está analizando la acumulación de datos por parte de los gigantes tecnológicos, el papel de los datos en el refuerzo de los desequilibrios de mercado y la forma en que estas grandes plataformas los utilizan. Este aspecto tan relevante se abordará a finales de 2020, no como parte de la Ley de datos, sino en el marco de un amplio ejercicio de investigación sobre el alto grado de poder de mercado de esas plataformas, en el contexto del Paquete de la Ley de servicios digitales (Digital Services Act Package).
Los datos son un componente fundamental de la visión de la Comisión para que Europa tenga un papel destacado en la economía digital mundial. Con las iniciativas políticas propuestas, la Comisión pretende crear un Mercado Único de Datos, así como posicionar a la UE como un modelo global.
Telefónica comparte este ambicioso enfoque y hace un llamamiento a los responsables políticos para que trabajen en estrecha colaboración con la industria europea para acordar la implementación de la Estrategia de Datos. De esta forma se podrá garantizar que las acciones propuestas se materialicen y apoyen el continuo crecimiento de la economía europea y el bienestar de los ciudadanos. Ha llegado el momento de acelerar la digitalización y para ello es preciso abordar los desafíos mencionados con la rapidez necesaria. La velocidad de la innovación tecnológica es exponencial y el proceso legislativo debe abarcar y comprender este ritmo para que las normas no queden obsoletas en el momento en que las propuestas sean aplicables. No es demasiado tarde y debemos trabajar juntos para que esto suceda.
