Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 600 millones de personas con algún tipo de discapacidad en todo el planeta.
Este colectivo se encuentra con muchas barreras en su vida cotidiana, entre ellas la limitación de acceso a la información a través de la web, una práctica extendida y utilizada por todos. Por eso, si queremos conseguir que estas personas tengan los mismos derechos, desde el punto de vista de ser una sociedad igualitaria, es necesario desarrollar un conjunto de adaptaciones para que, por ejemplo, personas con problemas auditivos o visuales puedan realizar las mismas operaciones del día a día que aquellas que no los tienen: visitar Facebook o Twitter, realizar una transferencia bancaria, poner un recurso administrativo vía web o ver una película online.
La accesibilidad web podría definirse como: la capacidad de acceso a la web y a sus contenidos por todas las personas independientemente de la discapacidad (física, intelectual o técnica) que presenten o de las que se deriven del contexto de uso (tecnológicas o ambientales).
Dicha accesibilidad se empezó a regular en España desde el año 2004 con la aparición de una ley (UNE 139803:2004) que en primera instancia recomendaba hacer los contenidos accesibles. Posteriormente, con la aparición de nuevas leyes, como la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), a partir de 2009 se obliga a crear contenidos digitales accesibles a la Administración Pública, a las entidades y empresas encargadas de gestionar servicios públicos, a empresas privadas receptoras de financiación pública y finalmente a las empresas con más de 100 trabajadores o con una facturación de más de 6 millones de euros (especialmente las entidades bancarias, las aseguradoras, las agencias de viaje, las empresas de transporte, las suministradoras de gas, agua y electricidad, las empresas de telecomunicaciones y las grandes superficies).
Además, para garantizar el cumplimiento de la ley se llegaron a establecer sanciones que van desde los 301 euros hasta el millón de euros por el incumplimiento de dicha norma. En España hasta la fecha no ha habido ninguna sanción económica, algo que sí ha ocurrido en otros países de Europa.
La accesibilidad web establece tres niveles de accesibilidad, A, AA y AAA, que se corresponden con las prioridades que deben cumplir las webs, yendo desde lo más básico, prioridad 1, permitiendo que algunos grupos de personas puedan usar los documentos web, a prioridad 3, que mejora la accesibilidad global de los documentos web.
Esperamos que se aplique la Ley y que las empresas la tengan en cuenta.
