En todos los ámbitos de nuestra vida, la realidad puede superar cualquier estructura o reglas que se haya establecido. Lo que parece una obviedad ha desencadenado, recientemente, un intenso debate sobre el modelo actual de inversión en infraestructuras de Internet. Un reciente artículo académico de la consultora económica Compass Lexecon examina la situación de las inversiones en infraestructura de Internet. Concluye que existe un problema estructural que impide a los operadores europeos negociar que los Grandes Generadores de Tráfico (GGT) contribuyan a la inversión en infraestructuras. El informe sugiere una intervención regulatoria en forma de negociaciones bilaterales obligatorias con los operadores de telecomunicaciones para reequilibrar el poder de mercado de estos agentes. Esto ayudaría a garantizar el bienestar sostenible de todas las partes implicadas, y específicamente de los consumidores.
Echemos la vista atrás: En los años 90, cuando se instauró el modelo actual, los consumidores enviaban unos cuantos correos electrónicos y recibían más o menos la misma cantidad, la televisión se veía por cable coaxial y por antenas, las películas se estrenaban en los cines y los vídeos caseros se guardaban en cintas en un armario. Nadie podía prever las enormes cantidades de tráfico que fluirían por las redes de datos, y que esté sería originado por un pequeño conjunto de actores. Y no se vislumbra el final: Según Sandvine, una empresa de aplicaciones y redes inteligentes, en 2021 se consumieron en todo el mundo 3,2 veces más datos a través de redes fijas y móviles que en 2018, lo que supone un crecimiento anual del 26%. Ese crecimiento continuó después de la pandemia. En 2022, Internet transportó un 23% más de tráfico que el año anterior. Los servicios de vídeo alimentan esa demanda, y solo seis empresas dominan el suministro de ese contenido. En 2022, sus contenidos generaban casi la mitad de todo el tráfico de Internet en Europa.
En consecuencia, los modelos de pago por internet que fueron establecidos en un inicio, ya no encajan en el entorno actual. Esto hace insostenibles las inversiones en infraestructuras de internet de los operadores de telecomunicaciones europeos. Se calcula que necesitarían gastar al menos 15.000 millones de euros al año simplemente para garantizar que sus redes soportan la presión adicional ejercida por los mayores proveedores actuales de contenidos. Como era de esperar, la Comisión Europea ha detectado un déficit de inversión: se necesitarán 174.000 millones de euros para alcanzar los objetivos de la brújula digital de la UE para 2030, consistentes en cubrir con 5G todas las zonas pobladas de la UE en 2030 y en que 450 millones de europeos tengan acceso a la banda ancha gigabit.
Fallo del mercado: Las inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones crean valor, pero en beneficio principalmente de los Grandes Generadores de Tráfico
En su reciente artículo, Compass Lexecon ha analizado la situación de las inversiones en infraestructuras de internet y ha detectado un fallo de mercado. Según el estudio, los operadores de telecomunicaciones no invierten lo suficiente en infraestructuras de Internet porque no son capaces de beneficiarse de las externalidades positivas de dichas inversiones, que capturan en su totalidad los GGT. En pocas palabras, los operadores de telecomunicaciones obtienen sus beneficios de la venta del acceso a Internet a los consumidores, cuya demanda de acceso es poco sensible a la calidad de este acceso. No obstante, un acceso de mejor calidad sí tiene un impacto fuerte y positivo en la demanda de los contenidos de los GGT, lo que les permite beneficiarse de las inversiones de los operadores de telecomunicaciones.
A largo plazo, Compass Lexecon considera que los GGT sufrirían el desequilibrio actual del mercado, pues el estancamiento en inversiones y en la capacidad de la red limitaría en última instancia los servicios que pueden disfrutar los clientes. En algunos casos, los mercados pueden superar estas externalidades mediante negociaciones bilaterales y sin ninguna intervención regulatoria.
Los GGTs tienen distintas posibilidades de reacción. Podrían desarrollar algoritmos de compresión más eficientes para transmitir el mismo contenido utilizando menos datos. También podrían invertir en redes de distribución de contenidos (CDNs) para aproximar el tráfico a su destino de forma más eficiente. Finalmente, podrían negociar pagos a los operadores de telecomunicaciones de forma que estos obtuvieran parte de los beneficios de su inversión y así corregir el efecto descrito anteriormente. Según el informe, en la actualidad esta última posibilidad para aliviar el desequilibrio del mercado no se tiene en consideración, por diversas razones. En primer lugar, a los GGT les preocuparía que los generadores de tráfico más pequeños se beneficiaran gratuitamente de la mejora de la infraestructura financiada por ellos. En segundo lugar, los operadores de telecomunicaciones carecen del poder de negociación necesario, ya que el Reglamento europeo de acceso a una Internet abierta les impide utilizar la calidad del servicio para discriminar entre distintos proveedores de contenidos con fines comerciales. En tercer lugar, la información asimétrica e incompleta sobre el déficit de inversión identificado destruye la confianza: Los operadores tienen todos los incentivos para exagerar las necesidedades de inversión y poca capacidad para convencer a los proveedores de contenidos escépticos de lo que realmente se necesita; y los proveedores tienen todos los incentivos para restar importancia al impacto que las inversiones de las telecos tienen en sus beneficios, y poco deseo de darles transparencia sobre cómo dichas inversiones mejoran sus beneficios.
La propuesta de reparto equitativo igualaría el desequilibrio del mercado en beneficio de consumidores, GGT y operadores de telecomunicaciones
Compass Lexecon considera que se puede lograr una situación beneficiosa para todos, consumidores, GGT y operadores de telecomunicaciones, obligando a ambos a negociaciones bilaterales sujetas a arbitraje. La alternativa, en que el regulador fija directamente la contribución que debe pagar cada parte, se considera demasiado difícil y cara de implementar.
Adicionalmente, los autores defienden que, en el caso de la primera opción, sería más fácil negociar pagos en función del tráfico cursado, ya que esta magnitud puede observarse, controlarse y verificarse. Unos precios por tráfico debidamente calibrados pueden ofrecer a los operadores de telecomunicaciones los incentivos adecuados y resolver el problema de la falta de inversión.
De este modo, los operadores de telecomunicaciones y los GGTs podrían salir del bloqueo actual y dando lugar a nuevas inversiones cuyos beneficiarios últimos serían los consumidores, que obtendrían un mejor acceso y mejores contenidos. A su vez, la existencia de mejores accesos permitiría a los GGTs invertir en nuevos contenidos.
Además, muchas de las perspectivas de crecimiento económico e innovación en el futuro dependen de que Internet suministre grandes volúmenes de datos a gran velocidad, con alta fidelidad y baja latencia. La telemedicina, la educación online y la expansión del trabajo híbrido requieren conexiones fiables a Internet. Nuevas aplicaciones, como el Metaverso, Internet de las Cosas y los servicios de misión crítica, también dependen de una mejora constante en la capacidad y la calidad de las redes de datos.
Las estimaciones del impacto económico positivo -directo e indirecto- son enormes. Por ejemplo, se espera que la tecnología 5G, en la que los telecos podrían invertir parte de los nuevos ingresos, apuntale nuevos servicios y genere mejoras de productividad en toda una serie de industrias establecidas, desde la mejora en la detección de defectos en los procesos de fabricación hasta la reducción de residuos en la producción agrícola. En total, la consultora Accenture calcula que podría añadir 1 billón de euros al PIB europeo antes de 2025.
Para liberar todo este potencial en beneficio de nuestro bienestar, es crucial actuar con rapidez y encontrar una solución favorable para todos que corrija el actual desequilibrio del mercado identificado por Compass Lexecon en su estudio.
